A más de dos años de que apicultores de las localidades de Suc Tuc y Crucero de Oxa, pertenecientes a los municipios de Hopelchén y Campeche, denunciaran el 6 de febrero de 2024 la muerte masiva de abejas y afectaciones a al menos 2 mil 500 colmenas por el presunto uso de agroquímicos, la Vicefiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas del Estado confirmó que la carpeta de investigación ya se judicializó y se tuvo la audiencia inicial el pasado 28 de mayo.
La dependencia confirmó que la denuncia, por el delito de alteración y daños al medio ambiente, es en contra del propietario de un rancho en la zona aledaña, donde se comprobó la presencia de nueve nanogramos de glifosato, altamente mortal para esta especie, y adelantó que en menos de un año se tendría la sentencia definitiva.
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El titular de la Vicefiscalía, Alexandro Brown Gantús, informó que el proceso penal avanzó tras más de un año de investigaciones por la muerte masiva de abejas registrada el 22 de enero de 2024, un caso que generó preocupación entre productores de miel por las pérdidas económicas y el impacto ecológico.
Las diligencias acreditaron la presencia de nueve nanogramos de glifosato en la zona, cuando una abeja solo tolera hasta tres nanogramos, lo que fue considerado excesivamente tóxico y suficiente para provocar daños severos a las colonias.
Durante la integración de la carpeta se realizaron citatorios y se recopilaron pruebas técnicas y científicas que permitieron identificar a un presunto responsable. Aunque no se reveló la identidad del imputado, se confirmó que es el propietario de un rancho cercano.
La judicialización del caso representa un avance significativo para los apicultores, que desde principios de 2024 exigieron justicia por la pérdida de 2 mil 500 colmenas. Además de las afectaciones económicas, las autoridades investigan el impacto en los ecosistemas locales por la muerte de miles de insectos polinizadores.
Respecto a la reparación del daño, el Código Nacional de Procedimientos Penales permite al imputado proponer mecanismos alternativos, como un acuerdo de suspensión condicional del proceso. No obstante, la fiscalía mantiene como prioridad la compensación a los productores y la atención de los daños ambientales.
Se indicó que en aproximadamente dos meses podría resolverse la vinculación a proceso y avanzar a la fase intermedia del juicio, con una posible sentencia definitiva en menos de un año, salvo que se autorice una salida alterna derivada de un acuerdo entre las partes.
