Marino Uitz Chín, integrante del ejido Xkix, denunció la presunta invasión de mil 200 hectáreas de las 2 mil con las que cuenta ese núcleo agrario, por parte de personas provenientes de Alfredo V. Bonfil y del Estado de Veracruz, quienes, aseguró, contarían con el respaldo de hijos y nietos de ejidatarios de Dzibalchén.
El ejidatario de 66 años señaló que hace aproximadamente 15 días, mientras trabajaba en su parcela, una persona desconocida le indicó que ese predio ya no le pertenecía, mostrando un documento presuntamente emitido por la Sedatu, el cual consideró irregular. Explicó que él y sus compañeros cuentan con la posesión de las tierras y que sus certificados parcelarios están en trámite ante el Registro Agrario Nacional (RAN) desde hace más de 30 años.
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Uitz Chín afirmó que el predio “Yo Xuch” lo trabaja desde hace tres décadas, respaldado con planos y documentación, además de continuar el proceso para la obtención de títulos de propiedad.
Señaló que posteriormente se enteró de que la persona involucrada es originaria de Dzibalchén y nieto de un exejidatario que autorizó la venta de tierras en esa comunidad.
El ejidatario mostró un Certificado de Derechos Agrarios y afirmó que no fue consultado en aquellos procesos de venta. Indicó además que sus abuelos, fundadores del ejido Xkix hace casi 100 años, le heredaron los derechos de sucesión, y que actualmente trabaja alrededor de 20 hectáreas desde hace tres décadas.
Añadió que los 19 ejidatarios del núcleo de Xkix se han organizado para defender sus tierras ante lo que consideran una invasión de personas foráneas, presentando denuncias ante las autoridades correspondientes.
Señaló que existe preocupación de que el conflicto escale hasta abarcar la totalidad de las 2 mil hectáreas del ejido.
Solicitó la intervención de las autoridades para investigar la situación, en el ejido ubicado en la jurisdicción de la Junta Municipal de Dzibalchén, al sur de Hopelchén, en la región de la llamada Montaña.
El denunciante expresó temor por su seguridad, al considerar que las acciones de los presuntos invasores podrían poner en riesgo la integridad de los ejidatarios y la permanencia del núcleo agrario.
