El Hospital “Manuel Campos” de Campeche atraviesa una de sus mayores crisis operativas y laborales, en medio de denuncias por el presunto desmantelamiento de servicios básicos, posibles actos de corrupción y un clima de hostigamiento que, señalan trabajadores, ha colocado al personal médico y administrativo al límite.
Empleados y ciudadanos acusan a la actual administración de operar con opacidad, abuso de poder y bajo una política que, lejos de resolver las carencias de la institución, ha profundizado el deterioro de sus servicios.
De acuerdo con los denunciantes, la dirección del hospital ha justificado recortes y movimientos considerados arbitrarios bajo el argumento de una supuesta insuficiencia presupuestal por parte del IMSS-Bienestar. Aseguran que, mientras se eliminan plazas de médicos, enfermeras, trabajadores sociales y personal de limpieza, continúan privilegios para personas cercanas a la administración, incluidos familiares presuntamente colocados en puestos administrativos con salarios elevados.
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Para el personal de la institución inconforme, esta situación refleja una gestión marcada por el nepotismo y el uso discrecional de los recursos humanos.
La crisis, señalan, no se limita a la reducción de personal, pues también se ha agravado por la falta de insumos esenciales, como material de curación y artículos de higiene, además de la eliminación del pago de guardias, lo que ha incrementado la carga laboral y obligado a trabajadores a cubrir turnos adicionales para atender áreas con falta de personal.
En los hechos, advierten, el hospital opera con una plantilla reducida y bajo condiciones que consideran inadecuadas, poniendo en riesgo tanto a trabajadores como a pacientes.
A ello se suman señalamientos sobre la presunta utilización de instalaciones y recursos públicos para la realización de cirugías privadas, sin que los ingresos correspondientes hayan sido reportados de manera transparente a caja. De confirmarse, esta práctica representaría un posible uso irregular del patrimonio institucional y un manejo indebido de recursos dentro de un hospital que enfrenta limitaciones operativas.
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Los trabajadores también denunciaron un ambiente de persecución contra quienes cuestionan las decisiones de la dirección. Acusan que las inconformidades son respondidas con presunto hostigamiento, presión y acoso laboral, con el objetivo de inhibir las críticas internas.
Señalaron supuestas irregularidades en la nómina, entre ellas depósitos erróneos seguidos de solicitudes de devolución en efectivo, presuntamente relacionados con pagos a proveedores externos, lo que, aseguran, genera dudas sobre el manejo de los recursos.
La inconformidad también ha aumentado por los señalamientos sobre un posible incremento patrimonial de algunos funcionarios de la administración, quienes, según versiones internas, habrían mejorado su situación económica mientras se agudizan las deficiencias en los servicios del hospital.
Ante este panorama, la comunidad hospitalaria solicitó la intervención inmediata de la gobernadora Layda Sansores San Román y de las autoridades del IMSS-Bienestar, además de exigir una auditoría integral, revisión de nóminas, investigación sobre contrataciones de personal, transparencia en el manejo de ingresos y la separación de los funcionarios señalados mientras se esclarecen las denuncias.
