Una denuncia recibida a través del número de emergencias 911 derivó en el aseguramiento por maltrato animal, donde varios cachorros habrían sido golpeados de manera constante por una persona que, según el reporte, los agredía bajo los efectos del alcohol.
El vicefiscal General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas, Alexandro Brown, informó que, tras recibir la denuncia, una rescatista y una asociación civil dedicada al cuidado y resguardo de animales establecieron contacto con la Vice Fiscalía y ofrecieron recibir a los cachorros.
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Ante los señalamientos, la autoridad dispuso el envío de elementos de la Policía Ministerial para realizar una inspección en el lugar. Como parte de las diligencias, los agentes entrevistaron a vecinos para conocer las condiciones de los animales y verificar los hechos denunciados.
De acuerdo con los testimonios recabados, los cachorros sufrían agresiones cotidianas. Los vecinos señalaron que los animales recibían patadas y golpes constantes, situación que motivó la intervención de la autoridad para retirarlos del sitio.
La Vice Fiscalía solicitó una inspección veterinaria a la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía (SEMABICCE). El dictamen permitirá conocer las condiciones físicas de los animales y aportar elementos técnicos a la investigación.
El funcionario señaló que la carpeta de investigación todavía se encuentra en proceso de integración. El ministerio público incorporará los resultados de la inspección veterinaria y las demás diligencias para determinar si existen elementos suficientes para acreditar el delito denunciado.
Una vez concluida la carpeta, la Vice Fiscalía buscará judicializar el caso ante un Juez de Control, con el propósito de presentar los elementos de prueba y solicitar la resolución correspondiente contra quien resulte responsable.
El vicefiscal Alexandro Brown recordó que el maltrato animal constituye un delito y puede generar sanciones económicas y privativas de la libertad. Las penas contemplan multas de 12 mil a 22 mil pesos y de seis meses a tres años de prisión.
El caso será turnado ante la autoridad judicial una vez que concluya la integración de la carpeta de investigación. La Fiscalía deberá presentar los elementos reunidos y corresponderá al Juez de Control determinar las responsabilidades conforme a las pruebas y disposiciones legales aplicables.
