La Ley sobre la Detección Oportuna y Tratamiento para el Cáncer Infantil representa un ‘primer gran paso’ para Campeche, al convertirse en la sexta entidad del país en contar con una legislación específica para atender esta enfermedad, consideró el presidente de la Fundación ‘500 Padrinos’ A.C., Alfredo Gómez Rueda, quien, sin embargo, lamentó que fueran eliminadas propuestas para garantizar recursos y apoyo a las familias de pacientes.
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El activista precisó que entre los puntos que quedaron fuera se encuentra la creación de un fondo estatal permanente de contingencia que pudiera activarse ante desabasto de medicamentos e insumos, o cuando algún equipo médico se descomponga y no sea posible realizar estudios indispensables para los menores. También fue eliminada la propuesta para establecer un mecanismo mediante el Gobierno del Estado o el DIF Estatal que permita cubrir gastos de traslado y funerarios cuando un paciente fallezca.
Reconoció que la nueva ley permitirá reducir vacíos legales, eficientar servicios y establecer protocolos para que, ante la sospecha de cáncer infantil, los menores reciban atención inmediata. Entre las disposiciones contempla un plazo de hasta cinco días para descartar o confirmar un diagnóstico, por lo que llamó a vigilar que los tiempos establecidos se cumplan y no se conviertan en nuevos retrasos.
El presidente de ‘500 Padrinos’ reveló que, de acuerdo con los registros de la fundación, actualmente 142 niñas, niños y adolescentes enfrentan la enfermedad en Campeche: 57 reciben tratamiento activo y 85 permanecen bajo vigilancia en instituciones como el Centro Estatal de Oncología (CEO), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el hospital de Petróleos Mexicanos (Pemex). La cifra, sentenció el activista, contrasta con los 35 pacientes en tratamiento referidos durante la comparecencia de la Secretaría de Salud.
La dimensión de la lucha también se refleja en las pérdidas. Tan solo en lo que va de 2026, seis infantes han fallecido a causa del cáncer; tres se encontraban en tratamiento y otros tres bajo vigilancia, luego de que la enfermedad regresara y avanzara de manera fulminante. Gómez Rueda recordó que en algunos casos la fundación ha tenido que intervenir para cubrir los gastos funerarios y trasladar a los menores a sus comunidades de origen.
Por ello, consideró necesario retomar los puntos excluidos de la ley y establecer apoyos para que una familia no tenga que endeudarse o desprenderse de sus bienes para llevar de regreso a casa a un hijo fallecido. Añadió que persisten carencias en soluciones, agujas, algunos medicamentos y estudios, situación que obliga a la fundación a cubrir necesidades de manera inmediata para evitar que un retraso de días termine afectando los tratamientos.
“Los niños que enfrentan el cáncer no tienen nada ligero”, enfatizó, al señalar que la sociedad civil, las fundaciones y las autoridades deberán vigilar el cumplimiento de la nueva legislación y trabajar para perfeccionarla.
JGH
