Amenazas, agresiones, intimidaciones y otras formas de violencia vinculadas directamente con su labor han colocado a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en un escenario de creciente riesgo, por lo que en Campeche se busca establecer, por primera vez, un marco legal estatal que obligue a las autoridades a prevenir, atender y proteger a quienes se encuentren en esta situación.
Con ese propósito, la titular del Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para expedir la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Campeche, cuya lectura se realizó durante la segunda sesión de la Diputación Permanente que encabezó el presidente de la Junta de Gobierno y Administración, diputado Antonio Jiménez Gutiérrez.
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La propuesta plantea crear un Mecanismo Estatal de Protección, así como establecer medidas preventivas y acciones urgentes para quienes enfrenten situaciones de riesgo como consecuencia de su actividad.
De acuerdo con la exposición de motivos, el ejercicio periodístico y la defensa de los derechos humanos son fundamentales para una sociedad democrática, al contribuir a la vigilancia del poder público, la rendición de cuentas, la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación ciudadana.
El proyecto también busca delimitar las responsabilidades de las autoridades estatales y municipales, fortalecer la coordinación con las instancias federales y establecer mecanismos institucionales para responder de manera oportuna ante posibles agresiones.
La iniciativa contempla además la participación de organizaciones de la sociedad civil y de las propias personas beneficiarias en la elaboración de políticas públicas, bajo un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y atención diferenciada.
El documento reconoce que, aunque existe un mecanismo federal de protección, la experiencia ha demostrado que la atención de los riesgos requiere también la participación de las Entidades federativas, mediante instrumentos legales que permitan respuestas más rápidas y cercanas a las condiciones de cada territorio.
La propuesta también se sustenta en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantizan la libertad de expresión y el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio.
Luego de su lectura, la Presidencia de la Diputación Permanente determinó que la iniciativa quedara pendiente para su análisis y dictaminación, con el objetivo de, posteriormente, someterla al Pleno para su votación.
