Hasta septiembre del año en curso la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) apenas había abierto ocho carpetas de investigación relacionadas con el delito de extorsión, de acuerdo con información publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); sin embargo, la cifra podría elevarse a nueve casos debido a un incidente registrado durante octubre, en el que estuvieron involucrados varios estudiantes menores de edad.
En este último hecho, los alumnos fueron contactados telefónicamente por personas que se hicieron pasar por sus padres y, mediante engaños, les exigieron fuertes cantidades de dinero. Los presuntos extorsionadores aprovecharon la comunicación directa con los menores para sembrarles temor y convencerlos de que debían conseguir recursos económicos para atender una supuesta situación de emergencia familiar.
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En otro caso relacionado, uno de los estudiantes recibió una llamada en la que los delincuentes le aseguraron haber privado de la libertad a uno de sus compañeros. Bajo esa amenaza, le ordenaron acudir a una tienda para realizar un depósito de dinero, supuestamente como condición para que la víctima recuperara la libertad.
De acuerdo con los datos del Índice de Incidencia Delictiva del Fuero Común, el municipio de El Carmen concentra la mayor presencia de este delito, con cinco carpetas de investigación, seguido de Champotón, con dos denuncias ratificadas. También se reportan casos en Tenabo y Campeche, lo que refleja que el problema no es solo de una región de la Entidad.
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En materia legal, la extorsión en Campeche se sanciona desde 2026 conforme a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que establece penas de 15 a 25 años de prisión y multas de 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Estas sanciones se aplican a quienes obliguen a otra persona, mediante amenazas o intimidación, a entregar dinero, realizar u omitir alguna acción o tolerar determinada conducta con el propósito de obtener un beneficio ilícito o causar un perjuicio. La legislación también contempla incrementos de cuatro a ocho, de cinco a 12 y de siete a 17 años de prisión, dependiendo de las circunstancias agravantes en que se cometa el delito.
