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Cierra “Alligator Alcatraz”: el polémico centro migratorio impulsado por Trump concretó casi 21 mil deportaciones

El gobernador Ron DeSantis confirmó el cierre de Alligator Alcatraz, el centro de detención migratoria que se convirtió en símbolo de la política de deportaciones de Donald Trump. La instalación procesó cerca de 21 mil expulsiones de migrantes.

En los últimos meses crecieron las versiones sobre una eventual clausura debido a los elevados costos de operación
En los últimos meses crecieron las versiones sobre una eventual clausura debido a los elevados costos de operación / Archivo

El centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, uno de los proyectos más emblemáticos de la política migratoria impulsada durante la segunda administración del presidente estadounidense Donald Trump, dejó oficialmente de operar en Florida, informó el gobernador Ron DeSantis.

Durante una conferencia realizada en las propias instalaciones, ubicadas al oeste de Miami, el mandatario estatal confirmó que el recinto ya no alberga personas detenidas y que el proceso de desmovilización se encuentra en marcha. Según explicó, los migrantes que permanecían bajo custodia fueron trasladados a instalaciones federales.

Alligator Alcatraz concluye operaciones tras casi 21 mil deportaciones

La instalación fue inaugurada en julio de 2025 como parte de los esfuerzos para reforzar la estrategia de deportaciones masivas promovida por Trump. Desde entonces, se convirtió en una de las principales herramientas para la detención y procesamiento de migrantes en situación irregular.

De acuerdo con las autoridades de Florida, el centro contribuyó a la deportación de cerca de 21 mil personas y formó parte de una red más amplia que permitió procesar a más de 30 mil migrantes en todo el estado.

Ron DeSantis defendió la existencia de la instalación y aseguró que desde su concepción fue planteada como una medida temporal para atender una situación de emergencia relacionada con la capacidad operativa del sistema migratorio federal.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

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Costos, críticas y demandas aceleraron el cierre

En los últimos meses crecieron las versiones sobre una eventual clausura debido a los elevados costos de operación, calculados en más de un millón de dólares diarios.

A ello se sumaron cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y grupos defensores de derechos humanos, que denunciaron presuntas condiciones inadecuadas para los detenidos, falta de transparencia en la gestión del centro y posibles afectaciones ecológicas derivadas de su ubicación en la región de los Everglades.

La controversia aumentó debido a que la instalación fue construida en una zona de humedales cercana a uno de los ecosistemas más importantes de Estados Unidos.

Florida presume liderazgo en política migratoria

Durante el anuncio, Tom Homan, responsable de la estrategia fronteriza de la Casa Blanca, destacó el papel de Florida en la aplicación de medidas migratorias más estrictas.

Según datos oficiales, el estado concentra alrededor del 40 por ciento de los arrestos migratorios realizados bajo los acuerdos de cooperación entre autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La política migratoria impulsada por Florida también ha incluido la creación de otros centros especializados para el procesamiento de migrantes, consolidando al estado como uno de los principales aliados de la estrategia federal de control fronterizo.

Buscan restaurar la zona donde operaba el centro

Antes del anuncio oficial, autoridades del condado de Miami-Dade habían expresado su intención de que los terrenos ocupados por Alligator Alcatraz sean incorporados a proyectos de restauración ambiental vinculados al Parque Nacional de los Everglades.

La alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, reiteró sus críticas al funcionamiento del centro y sostuvo que la prioridad ahora debe ser la recuperación de la zona y la protección de uno de los ecosistemas más relevantes de Norteamérica.

Con el cierre de Alligator Alcatraz concluye uno de los capítulos más controvertidos de la política migratoria reciente en Estados Unidos, una estrategia que generó respaldo entre sectores conservadores, pero también fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones civiles y ambientales.

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