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Gustavo Petro y el gobierno electo chocan por aranceles de Estados Unidos a productos colombianos

El Presidente de Colombia rechazó ser responsable del arancel de 12.5% impuesto por Estados Unidos y acusó a Washington de vulnerar el acuerdo comercial con Colombia.

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia / AP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó este sábado los señalamientos del vicepresidente electo José Manuel Restrepo, quien responsabilizó a su Gobierno por los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a productos colombianos.

A través de su cuenta de X, Petro sostuvo que la política arancelaria corresponde al Gobierno estadounidense y afirmó que la aplicación unilateral de gravámenes contradice los tratados comerciales internacionales, incluido el Tratado de Libre Comercio vigente entre Colombia y Estados Unidos.

La controversia surgió después de que Washington incluyó a Colombia entre las economías sujetas a un arancel adicional de 12.5 por ciento por no contar, según la investigación estadounidense, con una prohibición efectiva a la importación de bienes elaborados mediante trabajo forzado. La medida forma parte de una acción que abarca a 60 socios comerciales.

¿Por qué Estados Unidos impuso aranceles a Colombia?

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, conocida como USTR, determinó que varias economías no adoptaron o no aplicaron de manera suficiente mecanismos para impedir el ingreso de productos vinculados con trabajo forzado.

Como resultado, Washington estableció gravámenes de 10 o 12.5 por ciento, según las medidas adoptadas por cada país. Colombia quedó dentro del grupo sujeto a la tasa más alta.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca

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Los nuevos aranceles se aplicarán a la mayoría de las importaciones cubiertas, aunque existen excepciones para determinados artículos, materias primas, bienes sujetos a otras medidas comerciales y productos cuya afectación podría causar problemas de abastecimiento en Estados Unidos.

Restrepo responsabiliza al Gobierno de Gustavo Petro

José Manuel Restrepo afirmó que Estados Unidos había advertido desde marzo sobre la necesidad de adoptar decisiones contra la entrada de productos relacionados con trabajo forzado.

El vicepresidente electo acusó a la administración de Petro de no actuar a tiempo y señaló que esa falta de respuesta derivó en la imposición del arancel. También anunció que el futuro Gobierno buscará una solución mediante mesas de trabajo con autoridades estadounidenses.

Los encuentros comenzarían con la participación del futuro ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, antes del cambio de administración previsto para el 7 de agosto.

Petro rechaza culpa y cuestiona medidas unilaterales

Petro respondió que no tiene responsabilidad sobre las decisiones comerciales de Estados Unidos. También manifestó que no se opone a impedir el comercio de mercancías fabricadas con trabajo forzado, pero cuestionó que la respuesta se base en aranceles generales.

El mandatario consideró que este tipo de medidas rompe los compromisos incluidos en acuerdos comerciales y puede afectar a exportadores colombianos, entre ellos productores de café y otros sectores que dependen del mercado estadounidense.

La USTR inició las investigaciones el 12 de marzo de 2026 y después realizó consultas con decenas de gobiernos, recibió comentarios públicos y celebró audiencias antes de anunciar la decisión definitiva el 23 de julio.

Gobierno entrante busca negociar con Washington

La discusión ocurre a menos de dos semanas de que concluya el mandato de Gustavo Petro y asuma el nuevo Gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella.

Restrepo señaló que la próxima administración buscará reducir o eliminar la medida mediante compromisos verificables contra el trabajo forzado en las cadenas de suministro.

El conflicto abre un nuevo frente en la transición presidencial, pues el Gobierno saliente atribuye la decisión a la política estadounidense, mientras el equipo entrante sostiene que Colombia pudo evitar la sanción con acciones regulatorias previas.

IO