El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que instruye al secretario del Interior, Doug Burgum, a determinar si los lobos grises y los lobos grises mexicanos deben conservar las protecciones federales que actualmente reciben bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción.
La disposición establece un plazo de 90 días para que el Departamento del Interior evalúe la situación de ambas poblaciones y determine si cumplen con los criterios para permanecer dentro del esquema de protección.
La medida forma parte de la estrategia de la administración Trump para responder a las quejas de rancheros que reportan pérdidas de ganado por ataques de lobos.
¿Qué busca Trump con la revisión de las protecciones?
Durante su primer mandato, Trump ya había impulsado el retiro del lobo gris de la lista federal de especies protegidas, pero aquella decisión fue anulada posteriormente por un tribunal.
Con la nueva orden, el gobierno vuelve a abrir la discusión sobre el nivel de protección que deben tener estos animales y el impacto que generan en zonas ganaderas del oeste de Estados Unidos.
Organizaciones ambientalistas cuestionaron la decisión y sostienen que existen mecanismos de compensación para productores afectados por depredación.
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Conservacionistas alertan por el lobo gris mexicano
El Grand Canyon Wolf Recovery Project calcula que quedan alrededor de 317 lobos grises mexicanos en libertad, una población que todavía enfrenta problemas genéticos y de recuperación.
Defensores de la especie advierten que reducir las protecciones federales podría afectar décadas de esfuerzos de conservación.
Organizaciones piden medidas no letales
Greta Anderson, de Western Watersheds Project, afirmó que el impacto de los lobos sobre la ganadería es menor frente a otros problemas que enfrenta el sector.
Por su parte, Regan Downey, del Wolf Conservation Center, señaló que el gobierno debería ampliar el financiamiento de medidas no letales para reducir conflictos entre lobos y ganado.
Entre esas acciones se encuentran la vigilancia de rebaños, el retiro de animales muertos y otros mecanismos preventivos financiados por autoridades estatales y federales.
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