Un grupo de más de 20 expresidentes iberoamericanos denunció este jueves lo que consideran la “destrucción del Poder Judicial” y el fin del equilibrio de poderes en México, tras la primera elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte realizada el pasado 1 de junio.
A través de una carta pública difundida por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), los exmandatarios acusaron que este proceso electoral, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldado por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, fue “un atentado contra la joven democracia mexicana”.
Entre los firmantes se encuentran los expresidentes mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón, así como José María Aznar y Mariano Rajoy de España, y los colombianos Iván Duque y Andrés Pastrana, además de exjefes de Estado de Costa Rica, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Panamá, El Salvador y República Dominicana.
El comunicado sostiene que la elección judicial no fue democrática ni en su origen ni en su desarrollo, alegando que menos del 13 por ciento del electorado participó y que la magnitud de más de dos mil 500 candidaturas federales y locales fue diseñada para imposibilitar una elección informada por parte de los votantes.
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Pese a que Claudia Sheinbaum ha calificado el proceso como “una muestra de que México es ahora el país más democrático del mundo”, los exmandatarios afirman que en realidad se trató de una maniobra para consolidar el poder presidencial sobre el sistema judicial, debilitando su independencia, imparcialidad y eficacia.
Estas críticas se suman a las ya expresadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), que la semana pasada advirtió sobre los riesgos de replicar este modelo, al considerar que compromete los principios básicos del sistema de justicia.
El proceso electoral deriva de la reforma constitucional promovida por López Obrador en septiembre pasado, mediante la cual se habilitó por primera vez la elección directa de 881 cargos judiciales.
Diversos analistas advierten que la reforma ha abierto un precedente preocupante en la estructura institucional del país.
“En suma, ha ocurrido un grave quiebre de la democracia constitucional en México”, concluye la misiva del Grupo IDEA.
IO
