El Gobierno de México impulsa una reforma a la legislación electoral para crear un nuevo mecanismo de evaluación que permita detectar y prevenir posibles vínculos entre aspirantes a cargos públicos y grupos delictivos. La iniciativa, presentada por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral (INE).
De acuerdo con la propuesta, el objetivo principal es fortalecer la integridad de los procesos electorales y cerrar el paso a perfiles considerados de riesgo rumbo a las elecciones federales de 2027, mediante una revisión previa a quienes busquen contender por cargos de elección popular.
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La nueva comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General del INE por un periodo de tres años. Entre sus funciones estaría coordinar una revisión obligatoria de todas las candidaturas registradas por los partidos políticos.
Según el esquema presentado, el proceso iniciaría con la entrega de listas de aspirantes por parte de los partidos políticos a la comisión. Posteriormente, la información sería enviada simultáneamente a diversas instancias relacionadas con inteligencia y seguridad para realizar una evaluación sobre posibles riesgos.
Entre las dependencias que participarían se encuentran la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encargada de revisar información financiera relevante; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que analizaría datos del sistema financiero y bursátil; el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que aportaría información estratégica; y la Fiscalía General de la República (FGR), responsable de proporcionar datos sobre investigaciones relacionadas.
El mecanismo contempla que estas instituciones no revelen detalles de investigaciones en curso, sino únicamente determinen si existe o no un “riesgo razonable” de posibles vínculos con actividades ilícitas o delincuencia organizada. En caso de detectarse una alerta, la comisión notificaría a los partidos políticos, quienes finalmente decidirían si mantienen o retiran la candidatura.
La propuesta también establece que los aspirantes deberán otorgar consentimiento para ser evaluados, y señala que el proceso estará sujeto a principios de confidencialidad, presunción de inocencia y debido proceso. Asimismo, se aclara que la revisión no sustituiría investigaciones penales o ministeriales.
Para entrar en vigor, la iniciativa requeriría una reforma a la legislación secundaria en materia electoral y su aprobación por mayoría simple en el Congreso de la Unión. De aprobarse en los tiempos previstos, podría aplicarse antes del próximo proceso electoral federal.
El Gobierno federal sostiene que la medida busca fortalecer la transparencia, reducir riesgos de infiltración criminal y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
