Tres reformas relacionadas con el sistema electoral mexicano entraron en vigor este miércoles tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó los alcances de los cambios aprobados recientemente por el Congreso de la Unión y avalados por la mayoría de los congresos estatales.
Las modificaciones abarcan la elección de integrantes del Poder Judicial, la revisión de candidaturas con posibles vínculos delictivos y la incorporación de la intervención extranjera como causal de nulidad electoral.
Elección judicial se realizará en 2028
Uno de los cambios más relevantes es la modificación de la fecha para la elección de juzgadores federales.
La reforma establece que este proceso se celebrará el 4 de junio de 2028, con el objetivo de evitar que coincida con las elecciones federales ordinarias y facilitar que la ciudadanía conozca a los candidatos.
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Además, se reducirá el número de candidaturas en las boletas y se simplificará su diseño para hacer más accesible la votación. También se homologarán los criterios de evaluación de los comités de los tres poderes y se incorporará un examen de conocimientos para quienes aspiren a participar.
INE será enlace para verificar candidaturas
La segunda reforma crea un mecanismo de verificación de integridad de candidaturas. Bajo este esquema, los partidos políticos podrán entregar de manera voluntaria al INE los nombres de sus aspirantes para que sean revisados por autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero.
Si se detecta un riesgo razonable relacionado con posibles actividades delictivas, la información será comunicada de manera confidencial a los partidos políticos, quienes decidirán si mantienen o no la candidatura. La autoridad electoral no tendrá facultades para investigar ni cancelar registros.
Intervención extranjera podrá anular elecciones
La tercera reforma incorpora a la Constitución una nueva causal de nulidad electoral. A partir de ahora, una elección federal o local podrá ser anulada si las autoridades electorales acreditan actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en el resultado de los comicios.
Según explicó Alcalde, la prohibición de la intervención extranjera ya existía en la Constitución, pero la novedad es que ahora se establece una consecuencia jurídica directa.
Los detalles sobre criterios, pruebas y procedimientos deberán desarrollarse en leyes secundarias que el Congreso deberá discutir en un plazo máximo de 90 días.
Con estas reformas, el Gobierno federal sostiene que busca fortalecer los procesos democráticos, mejorar la participación ciudadana y proteger las elecciones frente a posibles riesgos internos y externos.
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