El Gobierno de México presentó y firmó un decreto para ampliar la transparencia de las dependencias y entidades federales, con nuevas obligaciones sobre contratos, auditorías y operaciones de las empresas públicas.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que el objetivo es fortalecer el principio constitucional de máxima publicidad y facilitar el acceso ciudadano a la información gubernamental.
La funcionaria adelantó que el contenido del decreto también será incorporado posteriormente a una iniciativa de reforma a la Ley General de Transparencia, para que las nuevas disposiciones no dependan únicamente de un acuerdo administrativo.
¿Qué información deberá publicar el Gobierno de México?
Uno de los principales cambios será la actualización mensual de las contrataciones públicas. Actualmente, esa información se difunde cada tres meses, pero con el decreto todos los contratos del Gobierno federal deberán publicarse cada mes.
La Plataforma Nacional de Transparencia también incorporará contenidos más completos y herramientas para descargar, ordenar y analizar datos. Buenrostro aseguró que, en un plazo máximo de 30 días hábiles, se agregará información considerada de interés público.
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El decreto se concentrará en cuatro áreas:
- Contrataciones públicas
- Filiales de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad
- Fiscalización y auditorías
- Además de una invitación para que otros poderes y niveles de gobierno adopten medidas similares
Pemex y CFE deberán transparentar información de sus filiales
Las filiales de Pemex y CFE tendrán que publicar estados financieros, documentos enviados a agencias extranjeras, información sobre gobierno corporativo, políticas de operación y contratos.
El propósito es que la información de esas empresas y sus subsidiarias sea pública, salvo en casos relacionados con seguridad nacional o interés público.
Sheinbaum sostuvo que el nuevo esquema evitará que cada servidor público decida discrecionalmente qué información se reserva y cuál se entrega. Según explicó, habrá lineamientos específicos para definir los casos en los que un documento no pueda difundirse de manera completa.
¿Qué pasará con la información reservada?
Buenrostro indicó que el Gobierno simplificará las causas de reserva y buscará limitarlas a razones de interés público y seguridad nacional.
Incluso cuando una parte del documento deba permanecer protegida, las dependencias deberán elaborar preferentemente versiones públicas. De esta manera, solo se ocultarán los datos estrictamente reservados y el resto del contenido podrá consultarse.
La Secretaría de Anticorrupción también publicará información adicional sobre el programa anual de fiscalización, el avance de las auditorías, el seguimiento de observaciones y el padrón de despachos externos contratados para revisar dependencias y entidades.
Sheinbaum defiende nuevo modelo de transparencia
La presidenta afirmó que el traslado de funciones del antiguo Instituto Nacional de Transparencia a la Secretaría de Anticorrupción permitió reducir gasto administrativo y fortalecer la plataforma de consulta.
Sheinbaum aseguró que el decreto busca garantizar “transparencia total” en el ejercicio de recursos públicos y adelantó que las medidas serán enviadas al Congreso al inicio del siguiente periodo de sesiones para integrarlas a la legislación nacional.
IO
