El Gobierno de Isla Mujeres negó las acusaciones de presunta extorsión a empresarios por parte de funcionarios municipales y aseguró que las clausuras aplicadas a bancos de materiales obedecieron al cumplimiento de procedimientos normativos. Asimismo, advirtió que mantendrá esos operativos con firmeza, transparencia y estricto apego a la ley, en un contexto en el que la Presidencia de la República instruyó al Gabinete de Seguridad atender esas denuncias.
Los pequeños empresarios Eduardo, Arcadio y Joel confirmaron que los cobros de impuestos son elevados y que no existe margen para obtener descuentos, especialmente en zonas donde se han realizado obras en el Centro Histórico. Sin embargo, afirmaron que ellos no han sido objeto de presuntos actos de extorsión, como aseguran que les ocurrió a otros comerciantes, por lo que recomendaron al Gabinete de Seguridad actuar con discreción para que más afectados se animen a denunciar, como lo hicieron Rigoberto Nava y Arturo en un conocido medio nacional.
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“Me pareció acertada la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum al exhortar a los afectados a denunciar las presuntas prácticas de corrupción cometidas por servidores públicos municipales”, expresó Eduardo.
Naval, encargado de un banco de materiales en la zona continental, hizo público el presunto acoso por parte de servidores públicos, entre ellos el secretario de Gobierno, Hugo Sánchez Montalvo y el director general de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, William Conrado Alarcón. Según su versión, le exigieron el pago del impuesto predial por un terreno ejidal y, al negarse, su establecimiento fue clausurado en tres ocasiones.
También dio a conocer que previamente le solicitaron donar materiales de construcción y que, tras negarse, comenzaron las acciones de hostigamiento.
Arturo exhortó a más comerciantes afectados a alzar la voz para proceder contra estos y otros servidores públicos, entre ellos Carlos Gamboa, director de Protección Civil y Julián Rivero, director de Fiscalización, quienes también fueron señalados por un empresario que pidió mantener su identidad en reserva.
Los comerciantes consultados coincidieron en que el Gobierno en turno se ha aislado e incumplido el compromiso de instalar una ventanilla única para agilizar los trámites relacionados con pagos y apertura de negocios. Afirmaron que, desde el 2022 a la fecha, la administración ha mantenido una política de puertas cerradas, sin aceptar solicitudes de diálogo.
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“La alcaldesa Atenea Gómez Ricalde cayó en el autoritarismo; se encerró en su burbuja y dejó de escuchar a la ciudadanía, atendiendo únicamente a sus incondicionales”, sostuvo Pedro. Recordó que hasta el 2021 existía diálogo con representantes empresariales, como la Cámara Nacional del Comercio y el gremio de la industria de restaurantes, pero con la llegada del actual grupo político se cerraron los espacios para plantear proyectos e inquietudes.
Respecto a la clausura del banco de materiales en la zona continental, la Comuna fijó su postura por escrito. En el documento rechazó las acusaciones de presunta extorsión contra funcionarios municipales, reiteró que las sanciones aplicadas obedecieron al cumplimiento de la normatividad vigente y sostuvo que continuará actuando con firmeza, transparencia y estricto apego a la ley.
