La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó avances en la investigación sobre una presunta red de huachicol fiscal en la que estarían involucrados Manuel Roberto “N” y Fernando “N”, identificados como sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda.
Durante un mensaje público, Godoy sostuvo que se trata de una estructura dedicada al contrabando de hidrocarburos que habría utilizado empresas, agentes aduanales y servidores públicos para facilitar la importación, almacenamiento y distribución ilegal de combustible.
La fiscal señaló que el origen de la investigación se remonta a una denuncia presentada en 2024 por el propio almirante Rafael Ojeda ante la entonces Fiscalía General de la República sobre posibles actividades ilícitas relacionadas con integrantes de la institución naval.
¿Cómo operaba la presunta red de huachicol fiscal?
Godoy explicó que los buques salían principalmente de Texas cargados con hidrocarburos que presuntamente eran declarados como aceite o aditivos para modificar su tratamiento fiscal.
De acuerdo con la investigación, servidores públicos y agentes aduanales habrían recibido pagos para permitir el ingreso de los cargamentos, mientras algunas inspecciones eran simuladas.
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La fiscal agregó que la red supuestamente coordinaba muestreos superficiales, manipulación de volúmenes y maniobras para liberar el hidrocarburo sin una revisión adecuada.
También se investigan acciones para desactivar cámaras durante las descargas.
¿Qué papel habrían tenido Roberto “N” y Fernando “N”?
La FGR sostiene que Manuel Roberto “N” y Fernando “N”, conocidos como “los primos”, habrían tenido participación relevante en la estructura criminal.
Godoy señaló que Roberto “N” presuntamente gestionaba nombramientos y promociones de personal dentro de aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina.
Durante el cateo de una bodega que arrendaba en la Ciudad de México, las autoridades localizaron, según la fiscal, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval, documentos clasificados como reservados y confidenciales, objetos de lujo y armas sin registro correspondiente.
Investigación se extiende a Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y CDMX
La fiscal informó que las indagatorias permitieron identificar operaciones relacionadas con esta misma red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México.
La investigación también sigue el rastro de accionistas, apoderados legales y personas vinculadas con empresas que habrían sido utilizadas para dar apariencia legal a los recursos obtenidos.
Godoy recordó que una de las acciones más relevantes fue el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel contenidos en un buque en el puerto de Altamira, Tamaulipas.
FGR afirma que responsabilidad será individual
La fiscal general subrayó que las conductas presuntamente cometidas por algunos integrantes no deben atribuirse a toda la Secretaría de Marina.
También destacó la colaboración del actual secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, en el seguimiento de las investigaciones.
Godoy aseguró que la FGR continuará con las indagatorias y sostuvo que cualquier servidor público que haya utilizado su cargo o una aduana para favorecer actividades criminales deberá responder ante la justicia.
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