Buscar a un hijo o familiar desaparecido se ha convertido en una lucha por sobrevivir económicamente. En Quintana Roo, las madres buscadoras enfrentan la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos y deben cubrir de su bolsillo traslados, alimentos, impresiones de fichas, lonas y materiales para continuar las jornadas.
Noticia Destacada
Hombre pierde la vida tras caer del segundo nivel de un inmueble en la colonia Ejido de Playa del Carmen
María Patrón, representante del colectivo “Madres Buscadoras de Quintana Roo”, denunció que esta situación ha provocado que numerosas integrantes pierdan sus empleos, contraigan deudas y sacrifiquen su salud para continuar con las labores de localización.
El problema ocurre en una entidad donde el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda, contabilizaba mil 613 personas desaparecidas y no localizadas hasta el 13 de noviembre.
“Las madres buscadoras pasamos por una situación de un gran desgaste económico porque invertimos en pasajes, en vueltas a la Fiscalía, en impresión de fichas, impresión de lonas. Cuando salimos a buscar requerimos dinero para los alimentos y para el transporte”, explicó María Patrón.
Señaló que numerosas mujeres han quedado desempleadas debido a las constantes ausencias laborales que implica acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE), participar en reuniones o trasladarse a los sitios donde se desarrollan los operativos.
“Muchas de nosotras ya dejamos de trabajar porque nos corren del trabajo por ausencias en la Fiscalía, por el tema de búsquedas a las que tenemos que salir a realizar”, relató.
Agregó que “en ocasiones nos llevamos años buscando y uno ya no se puede incorporar a su vida para ser una persona normal, tener trabajo y llevar una vida. Es imposible”.
Debido a la falta de respaldo económico, también se ven obligadas a recurrir a préstamos y créditos para cubrir los gastos de cada operativo.
Patrón indicó que algunas madres salen sin siquiera tener garantizados los alimentos del día. Lo mismo ocurre con familiares que llegan desde otras entidades para participar en las labores de localización.
Recordó que durante estas actividades ha observado cómo algunos familiares llegan con recursos apenas suficientes para trasladarse, sin dinero adicional para comida.
“Uno piensa en ir y buscar sin importar que no comas nada, sin importar todo eso”, relató.
Advirtió que la incertidumbre termina afectando la salud de quienes participan en estas labores, al desarrollar enfermedades y padecimientos que antes no presentaban.
En cuanto a las carpetas de investigación, el colectivo “Verdad, Memoria y Justicia” había señalado recientemente que existían 170 expedientes relacionados con desapariciones en Quintana Roo, de los cuales solamente nueve personas habían sido localizadas, todas sin vida, según la información difundida por sus integrantes.
Más de mil 900 casos
Aunque no hay un registro único de personas desaparecidas en Quintana Roo, distintos colectivos y organizaciones no gubernamentales documentan entre mil 552 y más de mil 900 casos, de enero de 2019 a mayo de 2026. La constante es el incremento de las cifras, que refleja la gravedad de esta problemática.
De acuerdo con Red Lupa, organización que toma como referencia principalmente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), Quintana Roo contabilizó 591 casos en el 2022; para el 2023, la cifra aumentó a 919; en el 2024 llegó a mil 213 y en el 2025 alcanzó mil 552. Para mayo del 2026, el registro superaba los mil 900 expedientes.
El RNPDNO también contabiliza 336 reportes correspondientes al periodo de enero al 13 de noviembre del 2026. Esta información se integra a partir de los avisos proporcionados por las autoridades federales y estatales.
En su último informe, Red Lupa señala que Benito Juárez concentra la mayor cantidad de casos en Quintana Roo. Para mayo del 2026, el municipio pasó de 680 a 743 personas desaparecidas y no localizadas, de un total superior a mil 900.
Otro dato alarmante corresponde a niños y adolescentes. La organización reportó que, durante el 2026, 373 personas menores de 18 años fueron registradas como desaparecidas, de las cuales 224 eran niñas, equivalentes al 60 por ciento. Entre enero y mayo de ese año se documentaron 23 casos de menores del sexo femenino.
Asimismo, el 67 por ciento de los expedientes de personas desaparecidas y no localizadas corresponde a habitantes de entre 15 y 39 años. El sector de edad con mayor incidencia es el de 15 a 19.
Por su parte, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) registra cerca de mil 703 personas desaparecidas en la entidad.
Los colectivos también reflejan la dimensión de esta crisis. El 31 de agosto del 2026, “Madres Buscadoras de Quintana Roo”, encabezado por María Dolores Patrón Pat, informó que ha acompañado a 83 familias y atendido cerca de 80 casos. Según el balance difundido, 35 personas han sido localizadas, siete de ellas con vida, mientras que 38 continúan sin ser ubicadas.
En tanto, el colectivo “Verdad, Memoria y Justicia” informó el 30 de agosto del 2026 que acompaña alrededor de 170 carpetas de investigación relacionadas con personas desaparecidas en el estado.
Tres hechos que marcaron
Detrás de las cifras existen historias de familias que llevan años intentando encontrar a sus seres queridos. Entre los episodios que han evidenciado las fallas institucionales y las exigencias de justicia en Quintana Roo destacan los de Francisca Mariner, Fernanda Cayetana y Diana García.
Olvidada en el Semefo
Francisca Mariner Flores Patrón tenía 17 años cuando desapareció, el 22 de junio del 2020, en Cancún, después de discutir con su pareja, Ángel Conrado Salas Blanco.
Un mes después, el 21 de julio, sus restos fueron encontrados en un área verde y trasladados al Semefo, donde permanecieron sin identificar durante más de cuatro años, pese a los esfuerzos de su madre, María Dolores Patrón Pat, quien encabezó una intensa búsqueda en hospitales, selvas y cenotes.
El hallazgo evidenció graves omisiones de las autoridades, particularmente en los protocolos de identificación genética. De acuerdo con las investigaciones, pruebas de ADN realizadas desde el 2022 fueron descartadas por especialistas forenses, aunque el cuerpo de la adolescente permanecía en las instalaciones del Semefo. Tras hacerse público el caso, la FGE inició una investigación contra funcionarios de la administración anterior por posibles actos de negligencia y omisión.
Cuatro años sin noticias
Fernanda Cayetana Canul Blanco tenía 12 años cuando desapareció, el 21 de julio del 2022, en la zona continental de Isla Mujeres. Ese día salió de su domicilio para acudir a una vivienda donde realizaba labores domésticas, principalmente lavar trastes en una taquería, con el propósito de ahorrar dinero para comprar un teléfono celular. Desde entonces no se tienen noticias de ella.
Las indagatorias llevaron a la detención de Marcos Antonio Cauich Adrián, propietario del establecimiento, quien fue localizado en Chiapas y vinculado a proceso por desaparición cometida por particulares. Su esposa, Angélica Velázquez Cortés, también fue arrestada después de entregarse a las autoridades.
Pese a estas acciones, se desconoce dónde se encuentra la adolescente y el procedimiento judicial permanece abierto. Al cumplirse cuatro años del caso, la FGE mantenía vigente una recompensa de un millón 500 mil pesos para quien proporcionara información fidedigna que permitiera encontrarla.
Su madre, Deysi Blanco, fundó el colectivo “Madres de Isla Mujeres Buscando a Fernanda Cayetana” para mantener la exigencia de justicia y evitar que el expediente quede en el olvido.
Pareja aún no aparece
Diana García Rivera, originaria de Balancán, Tabasco, desapareció en Cancún el 22 de febrero del 2020, cuando estaba por cumplir 21 años. La joven había acudido a la discoteca Imperio, ubicada en la zona hotelera, acompañada de Jorge Armando Kiau.
De acuerdo con las indagatorias, un grupo armado ingresó al establecimiento y privó de la libertad a ambos jóvenes, quienes fueron obligados a subir a un vehículo. Desde entonces, sus familiares desconocen qué ocurrió con ellos.
El caso registró un avance el 15 de junio del 2026, cuando un exfuncionario de la FGE, identificado como Jorge Luis Fonseca Contreras, recibió una sentencia de 87 años y seis meses de prisión por su responsabilidad en la desaparición de Diana García y Jorge Armando Kiau.
La condena fue por los delitos relacionados con ambas víctimas, aunque la legislación mexicana establece en 60 años el límite máximo de permanencia en prisión. Además, la jueza ordenó el pago de un millón 216 mil 320 pesos por concepto de reparación del daño, destinado a las madres de los dos jóvenes.
Sin embargo, la resolución judicial no ha permitido esclarecer los hechos: Diana y Jorge Armando continúan desaparecidos.
Notificaciones en juzgados
Como parte de los primeros acuerdos para levantar el bloqueo en la zona hotelera, las “Madres Buscadoras” consiguieron que los Juzgados Orales emitieran las primeras notificaciones para programar las audiencias pendientes y avanzar en sus exigencias de justicia, las cuales se realizarán de manera presencial.
La medida contempla 24 carpetas de investigación que presentaban retrasos por delitos de desaparición, homicidio, feminicidio y agresiones sexuales, cuyos procesos aún no han obtenido una resolución judicial.
Las integrantes de los colectivos “Madres Buscadoras de Quintana Roo” y “Xtabay” se retiraron de la entrada de la zona hotelera alrededor de las 20:00 horas del jueves pasado, cuando desmontaron el campamento instalado en un retorno del bulevar Kukulcán, luego de liberar la vialidad que mantuvieron cerrada durante seis días.
Después de una reunión con representantes de la FGE y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la presidenta del colectivo, María Patrón Pat, señaló que uno de los principales compromisos fue evitar nuevos aplazamientos de las audiencias, situación que prolongaba los procedimientos penales durante meses o incluso años.
Patrón Pat indicó que durante el encuentro se establecieron nuevas fechas para desahogar las diligencias correspondientes a 24 expedientes, además de que esa misma tarde se entregaron las notificaciones respectivas.
Noticia Destacada
Quintana Roo acumula mil 13 personas heridas por arma de fuego en 2026
La protesta comenzó la noche del viernes anterior, cuando las inconformes bloquearon los dos carriles de entrada a este sector turístico.
Las movilizaciones aumentaron con la incorporación de integrantes del colectivo “Xtabay”, procedentes de Chetumal, y la noche del miércoles cerraron también el acceso al bulevar Kukulcán desde la avenida Enríquez Savignac, utilizada como ruta alterna para ingresar al lugar.
Durante las primeras horas del jueves liberaron ambos accesos, aunque trasladaron su campamento a un retorno mientras se concretaba la reunión en la que esperaban obtener compromisos para resolver sus casos.
JGH
