Quintana Roo dispondrá de 10 millones 43 mil 653 pesos de recursos nacionales para reforzar durante el 2026 la vigilancia de riesgos sanitarios relacionados con alimentos, agua, playas, medicamentos, clínicas, servicios estéticos y diversos productos de consumo, además de financiar análisis de laboratorio y atender posibles emergencias que representen un peligro para la salud, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Del total autorizado, 6 millones 26 mil 192 pesos se destinarán a las áreas encargadas de la regulación y vigilancia sanitaria, mientras que 4 millones 17 mil 461 pesos corresponderán al Laboratorio Estatal de Salud Pública, siendo recursos provenientes de la Secretaría de Salud federal mediante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
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El titular de la dependencia en la entidad, Jaime Torres Viveros, afirmó que esta asignación presupuestal garantizará el cumplimiento de las actividades operativas de regulación sanitaria programadas para el presente ejercicio.
Los lineamientos publicados precisan que una parte prioritaria del presupuesto se enfocará en vigilar los insumos que consumen habitantes y visitantes, contemplando la revisión de la calidad sanitaria de alimentos preparados, productos pesqueros, carnes, lácteos, frutas y hortalizas, así como el agua y el hielo destinados al consumo humano.
Para estas tareas específicas se asignaron 1 millón 928 mil 380 pesos al rubro de control sanitario e inocuidad de alimentos, esquema que abarca la toma de muestras para detectar contaminación y la realización de visitas de verificación a establecimientos donde se preparan, procesan o comercializan productos de este tipo.
La supervisión de la calidad del agua constituye otro de los frentes principales con una partida de 1 millón 747 mil 596 pesos, la cual abarcará tanto el recurso hídrico destinado al consumo humano como aquel utilizado en actividades recreativas, incluyendo el seguimiento sanitario continuo de las playas del estado.
En cuanto al ecosistema marino, se destinarán 291 mil 266 pesos a la vigilancia de moluscos bivalvos y a la operación de un sistema de alerta temprana ante florecimientos algales nocivos conocidos como marea roja, buscando identificar a tiempo condiciones que contaminen a estas especies y pongan en riesgo la salud de los consumidores.
Respecto a la inspección de cárnicos y lácteos, el convenio fija 512 mil 227 pesos para detectar la presencia de clembuterol en productos de carne y 281 mil 222 pesos para monitorear residuos de antibióticos en la leche, medida que pretende contribuir a la reducción de riesgos asociados con la resistencia a los antimicrobianos.
El sector farmacéutico abarca acciones de farmacovigilancia para el seguimiento riguroso de reacciones, incidentes y otros posibles efectos adversos por el uso de medicamentos, sumando actividades de capacitación para optimizar la detección y notificación oportuna de estos casos.
Adicionalmente se mantendrá la vigilancia sobre actividades y productos catalogados de alto riesgo sanitario, rubro que contempla servicios médicos con fines estéticos tanto quirúrgicos como no quirúrgicos, centros de embellecimiento, bebidas alcohólicas, medicamentos presuntamente falsificados, productos engaño, tabaco y sistemas alternos con una bolsa asignada de 441 mil 921 pesos.
En materia de eventualidades, el programa reserva 924 mil 16 pesos para emergencias sanitarias, monto utilizable en acciones de vigilancia, prevención y saneamiento ante contingencias provocadas por fenómenos naturales, brotes de enfermedades infecciosas o emergentes, males asociados a la atención hospitalaria y exposición a agentes que pongan en peligro a la población.
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Dicha bolsa financiará muestreos, análisis de laboratorio, visitas de verificación, supervisión de establecimientos, capacitaciones y medidas preventivas, aunado a que el Laboratorio Estatal de Salud Pública recibirá 1 millón 476 mil 417 pesos orientados específicamente a fortalecer su capacidad analítica para los programas sanitarios.
Todos los fondos que al 31 de diciembre de 2026 no hayan sido ejercidos o comprometidos formalmente conforme a las reglas de operación establecidas deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.
