Mientras el Gobierno de Quintana Roo presume avances en la detección y atención de personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), organizaciones civiles advierten que las acciones para evitar nuevos contagios permanecen rezagadas y cuestionan la ausencia de una estrategia integral para contener el avance de la epidemia.
En una carta abierta dirigida a la gobernadora Mara Lezama Espinosa, Roberto José Guzmán Rodríguez, activista de Red Positiva VIH, acusó a la administración estatal de mantener una respuesta insuficiente frente al padecimiento durante sus cuatro años de Gobierno y advirtió que el problema no puede reducirse únicamente al suministro de medicamentos.
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El activista sostuvo que durante este periodo se habrían acumulado más de 5 mil 300 casos de VIH, además de otros padecimientos de transmisión sexual, situación que atribuyó a deficiencias en prevención, diagnóstico oportuno, vinculación con los servicios sanitarios y atención integral.
Uno de los principales reclamos es la falta de campañas permanentes de sensibilización, particularmente entre los sectores con mayor riesgo de adquirir el virus. Guzmán cuestionó también que las organizaciones comunitarias no sean incorporadas de manera efectiva en las políticas públicas.
De hecho, el año pasado el estado registró un preocupante repunte de infecciones de transmisión sexual, con alrededor de 5 mil casos notificados, entre los que se incluyen VIH, sífilis, herpes genital y otras afecciones; la candidiasis urogenital fue una de las más frecuentes.
En lo que va del 2026 se han acumulado 732 registros, mientras que en el mismo periodo del 2025 fueron 746, de acuerdo con el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de casos confirmados, lo que mantiene a Quintana Roo entre las cuatro entidades con mayor incidencia.
Recientemente, la gobernadora Mara Lezama destacó que el año pasado se realizaron alrededor de 70 mil pruebas de VIH, con cerca de mil diagnósticos, y subrayó que “lo importante es recibir tratamiento y llevar una vida normal siguiendo la medicación, pero el diagnóstico oportuno es fundamental”.
Mientras la administración estatal destaca su capacidad para detectar y atender a quienes ya tienen el virus, las organizaciones civiles ponen el foco en lo que ocurre antes de conocer el diagnóstico: las medidas preventivas. Guzmán cuestionó que la respuesta institucional se concentre en atender la epidemia sin establecer objetivos y metas de largo plazo alineados con la estrategia internacional hacia el 2030.
También reclamó mayor participación de las comunidades y de las personas que viven con VIH en el diseño de las políticas públicas. El señalamiento ocurre en un contexto de cambios institucionales. En diciembre del 2025, el Congreso de Quintana Roo reformó la Ley de Prevención, Atención Integral y Control para el VIH, lo que coloca nuevamente bajo escrutinio la forma en que las autoridades estatales están cumpliendo con sus obligaciones en esta materia.
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Además, el propio Censida sostiene que la prevención y el control de las infecciones de transmisión sexual requieren decisiones basadas en evidencia, así como una colaboración estrecha entre instituciones, academia y comunidades.
Para Red Positiva, el desafío no se limita a garantizar medicamentos: la epidemia también se combate evitando nuevos contagios, acercando pruebas, información y herramientas preventivas a las comunidades, además de reducir el estigma que todavía rodea al VIH. “Quintana Roo necesita resultados, no retrocesos, ni mucho menos omisiones y su indiferencia”, concluyó el activista en su carta.
Por su parte, Edgar Mora, director municipal de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, dijo que en días pasados sostuvieron una reunión con representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, el sector Salud, personal de epidemiología y organizaciones no gubernamentales, en la que se reconoció que Quintana Roo continúa entre las entidades con mayor número de casos de VIH por cada 100 mil habitantes.
