Las autoridades ministeriales y educativas del Estado mantienen bajo investigación formal el caso de presunto abuso sexual perpetrado en agravio de un alumno al interior de un plantel educativo en la comunidad rural de Manuel Ávila Camacho. La titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), Elda Xix Euan, confirmó que la dependencia a su cargo ya brinda atención directa a los familiares de la víctima y aseguró que la situación se encuentra bajo control institucional, manejándose los datos con estricta cautela informativa para salvaguardar la integridad y los derechos del menor afectado.
El incidente, cuyas indagatorias iniciales apuntan a que fue cometido por otros estudiantes de la misma institución, provocó la suspensión indefinida de las actividades escolares en el plantel. De acuerdo con la versión de las autoridades educativas, los mecanismos de urgencia se activaron de inmediato en cuanto se notificó el hecho.
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La secretaria de Educación defendió además la preparación del cuerpo docente de la entidad, argumentando que los profesores conocen y aplican correctamente los protocolos de seguridad escolar de forma oportuna, dejando el deslinde de las responsabilidades de carácter penal en manos de la Fiscalía General del Estado.
La funcionaria estatal puntualizó que este tipo de conductas no representan una problemática generalizada en la geografía quintanarroense, señalando que se tiene registro de aproximadamente tres casos similares en distintas demarcaciones, mismos que han recibido un seguimiento institucional.
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No obstante, esta postura contrasta con la indignación de los habitantes y padres de familia de esta localidad, ubicada a más de 60 kilómetros de la cabecera municipal de Bacalar, quienes han alzado la voz enérgicamente para denunciar que las agresiones en contra del alumno se presentaron de manera sistemática dentro de las instalaciones.
La comunidad acusa de forma directa tanto al director del centro escolar como a los maestros asignados de haber tenido conocimiento previo de los abusos y de haber actuado de manera omisa.
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Finalmente, la exigencia social de los habitantes de Manuel Ávila Camacho se concentra en una doble vía legal. Por un lado, demandan la destitución inmediata y definitiva de todo el personal docente y directivo involucrado en el plantel; por el otro, exigen que las autoridades judiciales inicien procesos de carácter penal en contra de los maestros por su probable responsabilidad en los delitos de omisión y encubrimiento, argumentando que su falta de acción oportuna permitió la continuidad de las agresiones dentro del entorno escolar.
