El proyecto turístico Las Dunas quedó nuevamente bloqueado, ahora por una resolución judicial que mantiene suspendidas sus licencias de construcción, uso de suelo y urbanización mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por habitantes de esta comunidad costera.
El Juzgado Primero de Distrito en Yucatán concedió la suspensión definitiva dentro del expediente 1771/2026-I-D, presentado por pobladores de Chuburná Puerto con acompañamiento de Kanan Derechos Humanos contra las autorizaciones otorgadas a Auralux Representaciones S.A. de C.V.
La resolución significa que los permisos municipales impugnados no podrán ejecutarse durante el tiempo que continúe el juicio, pero no representa todavía una sentencia sobre la legalidad definitiva del desarrollo.
La diferencia es importante: en términos jurídicos, una suspensión definitiva es una medida cautelar que permanece vigente hasta que el Juzgado resuelva el fondo del amparo. No equivale por sí misma a cancelar permanentemente el proyecto.
La decisión amplía el cerco legal alrededor de Las Dunas, que desde finales de julio ya permanece bajo clausura temporal total de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
De esta manera, el complejo enfrenta simultáneamente un procedimiento administrativo federal por posibles irregularidades ambientales y un juicio constitucional contra los permisos expedidos para su desarrollo.
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Sin fianza para mantener la medida
Otro punto de la resolución es que la jueza eximió a los habitantes promoventes de entregar una fianza o garantía económica para conservar la protección judicial.
El colectivo Salvemos las Dunas y Kanan Derechos Humanos señalaron que la decisión se sustenta en criterios de acceso a la justicia ambiental que buscan evitar que el costo económico impida a las comunidades defender ecosistemas potencialmente afectados.
Las organizaciones pidieron al Ayuntamiento de Progreso acatar la resolución en todas las áreas relacionadas con las autorizaciones y solicitaron a las autoridades ambientales realizar inspecciones para constatar que no se reanuden trabajos.
También dejaron claro que consideran la resolución sólo una etapa del litigio.
“La suspensión frena las obras, pero la defensa legal y territorial sigue”, difundió el colectivo al informar el resultado.
Un complejo de 138 departamentos
Las Dunas está proyectado sobre el tablaje catastral 1913, en un terreno de 92 mil 17.3 metros cuadrados dividido por la carretera Yucalpetén-Chuburná.
La Manifestación de Impacto Ambiental vigente contempla 14 edificios con 138 viviendas multifamiliares, además de infraestructura comercial, cafetería, administración, estacionamientos, circulaciones y áreas comunes.
El expediente ha atravesado distintas administraciones y autorizaciones.
El Gobierno de Yucatán informó que la Factibilidad Urbana Ambiental 186/2023 fue emitida en abril del 2023 durante la administración estatal anterior. En febrero del 2024 el Ayuntamiento de Progreso otorgó la licencia de uso de suelo y, en noviembre de ese año, el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano y Territorial ratificó la factibilidad correspondiente.
La autorización ambiental federal siguió otro camino.
Semarnat rechazó una primera Manifestación de Impacto Ambiental en diciembre del 2023. La empresa presentó posteriormente otro proyecto, ahora con 138 departamentos, y obtuvo una autorización condicionada en abril del 2025.
Más de la mitad del predio debe conservarse
La dimensión ambiental del terreno es uno de los puntos centrales del conflicto.
De acuerdo con el expediente presentado públicamente por el Gobierno estatal, 58 mil 740 metros cuadrados deben permanecer libres de ocupación: 55 mil 305 corresponden a humedal costero y tres mil 435 a Zona Federal Marítimo Terrestre.
A ello se suma la presencia de manglar protegido bajo la NOM-022 de Semarnat.
Las obras comenzaron a generar oposición comunitaria durante julio, cuando maquinaria realizó trabajos de desmonte, despalme y movimiento de arena.
Tras denuncias de pobladores y ambientalistas, Profepa realizó inspecciones entre el 28 y el 30 de julio. La dependencia federal confirmó posteriormente que encontró afectaciones a especies protegidas por la NOM-059, incumplimientos de condicionantes establecidas en las autorizaciones ambientales y forestales e irregularidades en el manejo de residuos.
Entre las especies detectadas se encontraban ejemplares de algodón y biznaga cabeza de gato, además de iguana rayada, matraca yucateca y colibrí tijereta. Esas irregularidades llevaron a Profepa a ordenar la clausura temporal total.
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Dos frentes distintos
La resolución del juzgado no sustituye la actuación de Profepa.
La clausura ambiental deriva de un procedimiento administrativo federal que deberá determinar responsabilidades y, en su caso, medidas de restauración o sanciones.
El amparo, en cambio, cuestiona las autorizaciones municipales y la manera en que fueron otorgadas, particularmente en relación con los derechos ambientales y la participación pública de los habitantes de Chuburná.
Desde agosto, el Juzgado había concedido una suspensión provisional para impedir que las licencias siguieran produciendo efectos mientras se realizaba la audiencia incidental. Esa protección es la que ahora quedó elevada a suspensión definitiva durante el juicio.
Así, Auralux Representaciones, empresa ligada al empresario José Chapur Zahoul y su yerno Víctor Abraham Palomo, enfrenta actualmente dos procedimientos abiertos que mantienen detenido el proyecto, aunque ninguno constituye todavía la resolución final sobre su futuro.
Hasta la información pública revisada ayer, ni la empresa ni el Ayuntamiento de Progreso habían difundido una postura detallada sobre la nueva determinación judicial.
El siguiente momento decisivo será la sentencia de amparo.
Hasta entonces, las licencias impugnadas permanecerán congeladas y Las Dunas seguirá sin poder avanzar con las obras amparadas por esos permisos.
