Más de la mitad del predio donde se construye el complejo turístico “Las Dunas”, en Chuburná Puerto, debe permanecer intocada por ley: 58,740 metros cuadrados de humedal costero, manglar y Zona Federal Marítimo Terrestre que ningún permiso estatal puede tocar. Así lo confirmó ayer el Gobierno de Yucatán al exhibir, por primera vez de manera íntegra, el expediente completo del proyecto que desde julio mantiene en vilo a Chuburná y que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de forma temporal el pasado 2 de agosto.
En la conferencia matutina encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, la secretaria de Desarrollo Sustentable, Neyra Silva Rosado, detalló que del predio total, 55,305 metros cuadrados corresponden a humedal costero protegido y otros 3,435 metros cuadrados a Zona Federal Marítimo Terrestre, superficies que se suman a los manglares resguardados por la NOM-022-SEMARNAT-2003 y que deben quedar libres de cualquier construcción, independientemente de lo que autorice el desarrollador.
La funcionaria explicó que la Factibilidad Urbana Ambiental, o FUA, es apenas un dictamen técnico que evalúa si un proyecto es compatible con el uso de suelo y las condiciones ambientales de un predio, pero que no equivale a una licencia de construcción ni sustituye la autorización en materia de impacto ambiental, facultad exclusiva de la federación a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
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En otras palabras: el gobierno estatal puede decir que un terreno es apto para desarrollarse bajo ciertas condiciones, pero sólo la Semarnat puede dar luz verde a que las obras arranquen.
Cinco años de trámites
El expediente reconstruido por la SDS muestra que el trámite arrancó hace cinco años, en una administración distinta a la actual. El 29 de julio del 2021 se emitió la primera factibilidad, la FUA 399/21, para un proyecto de hotel en una fracción del predio, con restricciones para no tocar el manglar.
En febrero del 2023 se calculó la capacidad de carga del terreno: 18,400.20 metros cuadrados aprovechables, apenas 50.12 por ciento de la superficie útil. Dos meses después, el 21 de abril del 2023, se otorgó la FUA 186/2023, ya para el Complejo Turístico Las Dunas tal como se conoce hoy, con las mismas condicionantes de conservación de humedal, zona federal y manglar.
El Ayuntamiento de Progreso, entonces encabezado por Julián Zacarías Curi, otorgó la licencia municipal de uso de suelo en febrero del 2024. La actual administración estatal, que tomó posesión en octubre de ese año, heredó un expediente ya integrado: en noviembre del 2024 el Instituto para el Desarrollo Urbano y Territorial (IMDUT) se limitó a ratificar la factibilidad previa, sin modificar las condicionantes ambientales originales.
En el frente federal, la historia tuvo un tropiezo antes de avanzar. Semarnat negó la primera Manifestación de Impacto Ambiental en diciembre del 2023, al considerar que representaba un riesgo para la flora y fauna de la costa.
La empresa presentó una nueva manifestación y, entre enero y julio del 2025, mientras la dependencia federal solicitaba información técnica adicional al gobierno estatal, la SDS respondió que el proyecto no contravenía el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial siempre que se respetara la capacidad de carga calculada. Semarnat terminó autorizando el cambio de uso de suelo de forma condicionada en julio del 2025.
La clausura federal
Fue justamente el cumplimiento de esas condiciones lo que se derrumbó en las últimas semanas. Inspecciones de Profepa realizadas entre el 28 y el 30 de julio constataron que la empresa había desmontado por completo la vegetación en 1.3 hectáreas –13,000 metros cuadrados–, equivalente al 30.8 por ciento de la superficie autorizada para el cambio de uso de suelo. En ese despalme, según el reporte federal, se eliminaron ejemplares de especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT que la empresa nunca reportó en su manifestación de impacto ambiental: algodón silvestre, biznaga cabeza de gato, iguana rayada, matraca yucateca y colibrí tijereta.
Casi la mitad del área desmontada, 0.65 hectáreas, registró afectación directa a estas especies, lo que la Profepa calificó como daño irreversible al ecosistema de dunas costeras. El 2 de agosto la dependencia federal impuso la clausura temporal total de las obras y abrió el procedimiento administrativo correspondiente.
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“El proyecto debe revisarse técnicamente y debe procederse conforme al deber ser. La protección de la costa está por encima de cualquier proyecto particular”, afirmó Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán.
Presión ciudadana y dudas sobre el desarrollador
El caso ya había salido de los reportes técnicos para tomar las calles. El colectivo “Salvemos las Dunas” ha organizado jornadas de recolección de firmas en Chuburná y, el pasado 31 de julio, reunió a cerca de 200 personas en el Monumento a la Patria de Mérida para exigir la suspensión definitiva del proyecto y la restauración del tramo de costa afectado.
La presión ciudadana coincide con el hallazgo, difundido por medios locales, de que entre los accionistas del desarrollo figura el empresario José Chapur Zahoul, presidente de Grupo Palace Resorts y también del Patronato de la Beneficencia Pública del Estado, un dato que ha alimentado las dudas ciudadanas sobre la cercanía entre el proyecto y el poder estatal.
Frente a ese escenario, el Gobierno del Estado optó por hacer pública toda la documentación y pedir, desde el 25 de julio, que la Semarnat y la Profepa verifiquen a fondo el cumplimiento de las autorizaciones.
Lo que sigue en la batalla
Silva Rosado insistió en que los permisos estatales que dieron origen al expediente corresponden a la administración anterior y que la gestión actual únicamente dio seguimiento a lo ya autorizado y a los requerimientos de las autoridades federales.
La funcionaria subrayó que cada nivel de gobierno tiene responsabilidades distintas: al estado le corresponde la factibilidad urbana ambiental; al municipio, la licencia de uso de suelo; y a la federación, la autorización de impacto ambiental y forestal, así como la vigilancia de su cumplimiento.
Con las obras detenidas y el procedimiento administrativo de la Profepa en curso, el destino de Las Dunas depende ahora casi por completo de una decisión que no se tomará en Mérida ni en Progreso, sino en las oficinas federales de Semarnat, mientras el expediente completo permanece, según el gobierno estatal, a disposición de cualquier ciudadano o medio que quiera revisarlo.
