Ningún estado del país tiene menos empresas golpeadas por el delito que Yucatán: 1,800 por cada 10 mil unidades económicas durante el 2025, frente a las 2 mil 593 del promedio nacional. Y, sin embargo, algo se movió en el ánimo del empresariado. Entre el 2024 y el 2026, el porcentaje de negocios yucatecos que considera inseguro su estado pasó de 24.5% a 35.6%, un salto de 45.6% que ninguna otra entidad superó, salvo Sinaloa.
Los datos provienen de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Inegi, publicada el 10 de noviembre. El levantamiento se hizo del 17 de marzo al 15 de mayo de este año en 36 mil 442 unidades económicas del sector privado; mide el delito ocurrido en el 2025 y la percepción de seguridad de marzo a mayo del 2026.
Conviene separar lo que la encuesta dice con firmeza de lo que no. La tasa de victimización yucateca bajó de 1,889 a 1,800 respecto del 2023, una diferencia de 4.7% que el Inegi no considera estadísticamente significativa: Yucatán no mejoró, se mantuvo. En cambio, el aumento en la percepción de inseguridad sí es significativo. Hay una salvedad: el Inegi advierte que la medición del 2024 se hizo en mayo y junio, y la del 2026, entre marzo y mayo, por lo que la comparación debe leerse con cautela.
La brecha con el país sigue siendo enorme. A escala nacional, 71.2% de las empresas percibe inseguro su estado; en Yucatán, 35.6%. Pero la dirección importa tanto como el nivel, y en la Península los vecinos van en sentido contrario.
El contraste peninsular
Campeche registró 3 mil 347 empresas víctimas por cada 10 mil, 21.4% más que en el 2023 y la sexta tasa más alta del país; es decir, 86% por encima de la yucateca. Quintana Roo, con 2,233, redujo su tasa 32.9%. En percepción, ambos estados bajaron: Campeche pasó de 57.0% a 48.9% y Quintana Roo de 76.1% a 45.8%, la mayor caída nacional (39.8%). Yucatán es, así, el único de los tres donde el temor sube; aun con ello, sigue siendo el que menos lo expresa.
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El tipo de delito también separa a los tres. En Yucatán, el más frecuente fue el robo hormiga, seguido de la extorsión. En Campeche, la extorsión encabeza la lista y el robo o asalto de bienes y dinero ocupa el segundo sitio. En Quintana Roo, el primero es el robo hormiga y el segundo, los actos de corrupción.
El ilícito más común que cambia el mapa
La extorsión es el delito más común contra las empresas mexicanas: representó 26.2% de los 3 millones de delitos ocurridos en el 2025, con 787 mil casos, y 91% se cometió por teléfono. El reporte del Inegi no desglosa por estado cuántos de esos casos ocurrieron en Yucatán, por lo que no puede afirmarse con esta encuesta que haya crecido en la entidad.
Otras fuentes sí apuntan en esa dirección: la Coparmex, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportó que las víctimas de extorsión en Yucatán se duplicaron durante el 2025 y que el estado siguió entre los de mayor crecimiento en el 2026. Que la extorsión aparezca como segundo delito en la encuesta, justo cuando otros registros la muestran en ascenso, es una señal que el sector no debería ignorar.
Lo que cuesta, y lo que preocupa
El costo promedio del delito (pérdidas más gasto en protección) fue de 24 mil 836 pesos por unidad económica en Yucatán, 44% menos que los 44,560 del promedio nacional y el tercero más bajo del país, apenas por encima de Nayarit y Guerrero. El Inegi advierte que sus estimaciones estatales tienen un margen de error promedio de 41%, así que la cifra debe tomarse como referencia. Las de Campeche (50,745) y Quintana Roo (76,563) ni siquiera son recomendadas para conclusiones cuantitativas, y se presentan solo para análisis cualitativo, aunque apuntan a costos superiores al promedio nacional.
Cuando se pregunta a las empresas qué les afecta más, Yucatán vuelve a salir con los porcentajes más bajos del país en los cuatro problemas que muestra la encuesta: impuestos (16.5%), bajo poder adquisitivo (26.7%), inseguridad y delincuencia (29.1%) y falta de apoyos del gobierno (30.6%). La inseguridad, que a nivel nacional es el problema número uno para 57.1% de los negocios, aquí queda ligeramente por debajo de la falta de apoyos gubernamentales. El comercio informal afecta a 13.3% de las unidades yucatecas, menos que el promedio nacional (16.4%) y que Campeche (18.7%), y a la par de Quintana Roo (13.1%).
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El tamaño y el giro importan. A escala nacional, el comercio fue el sector más golpeado, con 30.5% de sus unidades víctimas, frente a 22.9% en servicios y 18.8% en la industria. Mientras más grande la empresa, mayor el riesgo: 51.9% de las medianas y 48.4% de las grandes sufrieron algún delito, contra 25.1% de las microempresas. El Inegi no publica ese cruce para Yucatán, pero el dato sugiere dónde mirar: un estado de pequeños comercios y negocios familiares, donde la extorsión telefónica es el delito de entrada, tiene una exposición distinta a la de las grandes industrias del norte y del Bajío.
La sombra de la impunidad
La encuesta también ofrece un contexto nacional que ayuda a entender por qué el miedo puede crecer aun con pocos delitos. En el 2025 solo se denunció 9.9% de los delitos contra empresas y únicamente en 8.2% se abrió una carpeta de investigación; la cifra oculta llegó a 91.8%. De las carpetas abiertas, 75.4% seguía en trámite o terminó en nada. Entre quienes no denunciaron, 58.9% adujo causas atribuibles a la autoridad, como pérdida de tiempo, trámites largos o desconfianza. El reporte no publica estas cifras por entidad, un dato que habrá que solicitar a los tabulados básicos para saber si Yucatán sigue el patrón nacional.
Falta, además, lo que la encuesta no responde: cuántas empresas yucatecas denuncian, cuántas carpetas avanzan y qué tanto confían en la Fiscalía. Esos tabulados básicos están disponibles en el sitio del Inegi y permitirían contrastar si la percepción de 35.6% refleja experiencias propias, rumores de redes o un cambio real en el entorno. Mientras tanto, los datos obligan a un matiz: Yucatán sigue siendo el estado con menos empresas victimizadas del país, pero esa ventaja ya no puede darse por sentada.
