Impedir el acceso a cuentas públicas, limitar la participación en sesiones de Cabildo y restringir la documentación necesaria para fiscalizar los recursos municipales fueron algunas de las prácticas por las que el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) declaró responsables de violencia política a cinco autoridades de los ayuntamientos de Espita y Kinchil.
Las resoluciones involucran a los presidentes municipales de ambas localidades, así como a dos secretarios y una tesorera, señalados por obstaculizar el desempeño de dos funcionarias electas que intentaban ejercer sus atribuciones de representación y vigilancia.
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El Pleno del Tribunal aprobó por unanimidad los dos proyectos presentados por la ponencia del magistrado por ministerio de ley Carlo Méndez Suárez, al considerar que las irregularidades acreditadas afectaron derechos político-electorales de las promoventes.
Los casos muestran cómo las restricciones al acceso a información pública y a las deliberaciones municipales pueden impedir que integrantes de un mismo Ayuntamiento supervisen las decisiones administrativas y el ejercicio del presupuesto.
Impedían fiscalización
En Espita, el TEEY determinó que el presidente municipal, el secretario y la tesorera incurrieron en violencia política contra una integrante del Cabildo cuya identidad permanece protegida en el procedimiento.
Al resolver el expediente PES-04/2025, los magistrados identificaron un patrón de conducta institucional que limitó las facultades de fiscalización de la funcionaria, su participación en las sesiones y el acceso a documentos relacionados con la administración municipal.
Las restricciones no fueron consideradas simples diferencias entre autoridades, sino actos que obstaculizaron el desempeño de un cargo obtenido mediante elección popular.
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Sin embargo, el Tribunal estableció una distinción jurídica: aunque se acreditó violencia política, no encontró elementos suficientes para determinar que las conductas estuvieron motivadas por razones de género.
Por ese motivo, declaró inexistente la violencia política contra las mujeres en razón de género dentro del procedimiento analizado, sin dejar de reconocer la afectación a los derechos de la promovente.
La decisión mantiene la responsabilidad de las autoridades municipales por impedir el ejercicio de sus atribuciones y ordena medidas para restituir los derechos vulnerados.
El conflicto tiene antecedentes en otros procedimientos contra autoridades de Espita. En abril de 2026, el Tribunal también declaró acreditada la obstaculización del cargo de la síndica municipal, mediante una resolución distinta.
Cuentas públicas condicionadas
En Kinchil, las irregularidades se concentraron en las condiciones impuestas a una regidora que se reconoce como mujer indígena maya para participar en las decisiones del Ayuntamiento.
Al resolver el juicio JDC-36/2026, el TEEY consideró fundadas las denuncias contra el presidente y el secretario municipal, quienes incumplieron reiteradamente obligaciones relacionadas con el funcionamiento del Cabildo.
Entre las conductas acreditadas destacan las convocatorias a sesiones sin cumplir las formalidades legales, las restricciones injustificadas para consultar las cuentas públicas y la celebración de reuniones sin permitir el acceso de la ciudadanía.
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Estas prácticas limitaron las posibilidades de la regidora para conocer, discutir y supervisar las decisiones municipales.
El Tribunal señaló que no se trató de omisiones administrativas aisladas, sino de conductas reiteradas que afectaron el ejercicio de sus funciones de representación, deliberación y vigilancia.
La falta de acceso oportuno a las cuentas públicas resulta especialmente relevante porque impide revisar los ingresos y gastos del Ayuntamiento y formular observaciones sobre la administración de los recursos.
Asimismo, las convocatorias irregulares dificultan que los integrantes del Cabildo conozcan previamente los asuntos que serán sometidos a discusión y votación.
Ordenan reparar afectaciones
Como resultado de ambos procedimientos, el Tribunal ordenó medidas restitutorias, de satisfacción y garantías de no repetición para proteger el ejercicio de los cargos municipales.
Las resoluciones también obligan a las autoridades señaladas a atender las medidas establecidas por el órgano jurisdiccional, cuyo cumplimiento deberá verificarse conforme a los procedimientos aplicables. Los fallos no implican la destitución o inhabilitación de los funcionarios responsables.
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Tampoco deben confundirse con otros expedientes sobre violencia política por razón de género, que tienen requisitos específicos y pueden seguir procedimientos judiciales independientes.