Por primera vez, dos personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mérida recibieron credenciales expedidas por el Instituto Nacional Electoral (INE), con las que podrán acreditar oficialmente su identidad.
La entrega marca el inicio de una nueva etapa de atención a la población penitenciaria de Yucatán, donde las condiciones de reclusión dificultan realizar trámites que habitualmente requieren acudir a un módulo del organismo electoral.
El procedimiento forma parte de un acuerdo de colaboración entre el INE y las autoridades estatales encargadas de la administración de los centros penitenciarios.
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María Leonor Abdala Gamboa, vocal del Registro Federal de Electores (RFE) en Yucatán, dijo que la medida busca garantizar el acceso a una identificación oficial, un derecho que no desaparece por encontrarse en prisión.
Sin embargo, recibir la credencial no significa que puedan participar automáticamente en una elección. La posibilidad de sufragar está sujeta a las disposiciones legales aplicables a cada caso.
Marco normativo
Los lineamientos aprobados por el INE en agosto del 2025 establecen procedimientos para expedir credenciales tanto a personas en prisión preventiva como a quienes cumplen sentencia condenatoria. La diferencia es fundamental: quienes aún no reciben una sentencia definitiva conservan sus derechos político-electorales y pueden ejercer el voto. En cambio, las personas que cumplen una condena y tienen suspendidos esos derechos pueden obtener el documento exclusivamente como identificación oficial.
Así, la credencial cumple dos funciones distintas dependiendo de la situación legal de su titular. La medida responde a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordenó establecer mecanismos para facilitar la identificación de personas privadas de la libertad.
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El criterio reconoce que la reclusión no elimina el derecho a contar con documentos para acreditar la identidad.
El programa comenzó en Mérida en octubre, cuando personal del INE ingresó al centro penitenciario para realizar los primeros procedimientos de credencialización.
Estas actividades permiten acercar los servicios del RFE a personas que no pueden trasladarse a una oficina de atención ciudadana.
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Aún no existe información pública sobre cuántos internos solicitaron el documento ni qué proporción de la población penitenciaria podría beneficiarse. Tampoco se anunció un calendario de nuevas jornadas de atención a otros centros de reinserción social de Yucatán.
En la entrega participaron Miguel Ángel Trujillo Ortiz, subsecretario de Prevención y Reinserción Social; Antonio Ramón González Zetina, director del Cereso de Mérida, y Abdala Gamboa, representante del INE.