En el 2025, los servicios de salud de Yucatán atendieron a 319 niñas, niños y adolescentes por violencia sexual, el triple del promedio anual desde el 2010, según datos que presentó la Red por los Derechos de las Niñeces y Adolescencias de Yucatán (RedNAY). De ellos, 79 tenían menos de 12 años: casi uno de cada cuatro. Y en dos de cada tres casos, quien agredió era alguien conocido: un familiar, una pareja u otra persona cercana.
Las cifras se dieron a conocer en el Día Mundial para la Prevención de la Explotación, el Abuso y la Violencia Sexuales contra los Niños, durante la presentación de la red, que integran siete organizaciones civiles.
De acuerdo con la información expuesta, el número de atenciones del 2025 equivale a tres veces el promedio anual contabilizado desde 2010. Esa comparación supondría una media histórica cercana a 106 casos por año, aunque no se difundió la serie completa para comprobar cómo evolucionó el indicador.
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La diferencia tampoco demuestra, por sí sola, que las agresiones se hayan triplicado. Puede estar relacionada con cambios en la atención médica, el registro institucional o el número de víctimas que consiguieron acudir a los servicios de salud.
El dato refleja únicamente los casos atendidos. Quedan fuera quienes no solicitaron asistencia o cuyas agresiones no fueron identificadas.
Los hechos ocurren cerca del entorno de las víctimas
Uno de los datos más preocupantes es la relación entre las víctimas y quienes ejercieron la violencia. Según las organizaciones, en aproximadamente dos de cada tres casos se identificó a una persona conocida, familiar o pareja.
Esta circunstancia puede dificultar la denuncia y la búsqueda de ayuda, especialmente cuando existe dependencia económica, emocional o de cuidados respecto de la persona agresora.
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También coloca una responsabilidad adicional sobre las escuelas, los servicios médicos y las instituciones encargadas de proteger a niñas, niños y adolescentes.
Embarazos: otro registro, otra historia
Las organizaciones también señalaron los embarazos de niñas y adolescentes como un indicador relevante de las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta este sector de la población.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) citadas por RedNAY, durante el 2025 se registraron en Yucatán mil 425 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años.
De ese total, 131 correspondieron a niñas de 10 a 14 años.
En comparación, durante el 2024 se habían registrado mil 480 nacimientos de madres de 10 a 17 años, incluidos 136 de menores de 15. La reducción fue de aproximadamente 3.7% en ambos grupos.
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Aunque las cifras disminuyeron, la maternidad a edades tempranas continúa planteando desafíos para las instituciones de salud, educación y protección de derechos.
En la comparación peninsular, Yucatán concentró la mayor cantidad de nacimientos registrados de madres de 10 a 17 años de edad, frente a 841 en Quintana Roo y 634 en Campeche.
No obstante, las tasas ofrecen una perspectiva diferente: Yucatán registró 9.2 nacimientos por cada mil mujeres de ese grupo de edad, por debajo del promedio nacional de 9.6 y de Campeche, con 10.2, pero por encima de Quintana Roo, con 6.8.
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Las estadísticas de nacimientos y las atenciones por violencia sexual corresponden a registros diferentes. No deben sumarse ni utilizarse para concluir que todos los embarazos adolescentes derivaron de agresiones.
En las niñas de menor edad, sin embargo, los nacimientos requieren especial atención para identificar posibles situaciones de abuso y garantizar la intervención de las autoridades competentes.
La ruta que no siempre se activa
En los centros de salud, la violencia sexual representó 58% de los casos de violencia detectados, pero en la mayoría de las unidades no había información sobre cómo canalizarlos, según la red. En las escuelas, los indicadores son del 2023: 35% de los planteles públicos no tenía personal capacitado en el protocolo y 54% de los que detectaron agresiones no activó ningún procedimiento.
Ese panorama es previo a la regla vigente. Desde el 1 de septiembre del 2026 rige el Acuerdo Segey 27/2026, publicado el 31 de agosto, que abrogó el del 2020 y establece cinco etapas: detectar, intervenir, notificar, canalizar y dar seguimiento. Obliga al personal a avisar de inmediato a madres, padres o tutores y, si hay posible delito, a la Fiscalía y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay).
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El personal no debe interrogar al menor y no activar el protocolo cuando corresponde es una omisión grave, según la Segey. No hay cifras públicas sobre cuántos docentes y directivos han sido capacitados.
Cada instancia cuenta por su lado. El Instituto Municipal de las Mujeres de Mérida atendió a unos 200 menores en el 2025, por distintos tipos de violencia, según su directora, Yahayra Centeno.
En el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Yucatán ocupó el octavo lugar en llamadas de emergencia por abuso sexual entre enero y abril del 2026, con 69 llamadas y 38 carpetas, sin desglose por edad. Ninguna de esas mediciones coincide con las otras.
Cuando escuchar es parte de la protección
Laura Quijada, de Investigación y Educación Popular Autogestiva, cuestionó las expresiones que descalifican a niñas y niños, como “tú no lo sabes, eres muy pequeño”, porque refuerzan la idea de que su palabra vale menos. Reconocer que necesitan protección, dijo, no implica excluirlos de las decisiones que les afectan.
A su vez, en la presentación de la nueva asociación, Brenda Ortiz, de Kóokay, y María Paula Balam Aguilar, de Cejudi, hablaron de una “deuda histórica” y de la necesidad de coordinar instituciones y sociedad civil.
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La nueva red está integrada por APIS Sureste, el Centro Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena (Cadin), el Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi), Educación, Cultura y Ecología (Educe), Iepaac, Kóokay y Save the Children México.
Entre sus objetivos se encuentran promover reformas legislativas, impulsar políticas públicas de prevención y participar en los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
Su campaña de sensibilización arrancó el 16 de noviembre, con el propósito de cuestionar las conductas que normalizan las agresiones. Sus integrantes pidieron a la ciudadanía no ser indiferente y fortalecer los mecanismos de denuncia. Los casos pueden reportarse a la Prodennay y las emergencias, al 911.