Yucatán cerró 2025 con una paradoja difícil de ignorar: sigue siendo uno de los estados donde menos personas creen que la corrupción sea frecuente, pero al mismo tiempo aumentó con fuerza el número de habitantes que dijeron haberla vivido directamente al tratar con servidores públicos. La distancia entre percepción y experiencia se redujo en apenas dos años.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del Inegi estima que 15 mil 570 personas por cada 100 mil habitantes que tuvieron contacto con una autoridad experimentaron al menos un acto de corrupción en Yucatán. En el 2023 la tasa había sido de 11 mil 419. El incremento es de 36.4% y, a diferencia de muchos movimientos estatales que pueden quedar dentro del margen estadístico de la encuesta, el propio Inegi lo clasificó como significativo.
El cambio llevó a Yucatán desde una posición claramente inferior al promedio nacional hasta prácticamente empatarlo. En el 2023 estaba 2 mil 547 puntos por debajo de la tasa del país; en 2025 quedó apenas 72 puntos abajo de la media nacional, que llegó a 15 mil 642 víctimas por cada 100 mil habitantes.
La otra medición refuerza el giro. La incidencia, que contabiliza todos los actos reportados y no sólo a las personas que sufrieron alguno, pasó de 16 mil 184 a 26 mil 439 por cada 100 mil habitantes, un aumento de 63.4%. El promedio del país fue de 27 mil 438. En dos años, Yucatán pasó así de una incidencia muy alejada de la nacional a quedar mil puntos por debajo.
No significa que 26 mil personas distintas hayan sido víctimas. Una misma persona puede haber reportado más de un acto durante diferentes trámites o contactos. La prevalencia responde a cuántas personas fueron afectadas al menos una vez; la incidencia suma cuántos actos ocurrieron. Tampoco son denuncias ante fiscalías ni expedientes administrativos: son experiencias declaradas por ciudadanos en trámites, pagos, solicitudes de servicios y contactos con autoridades. La ENCIG fue diseñada precisamente para medir esas experiencias y percepciones.
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La percepción todavía favorece a Yucatán
La contradicción aparece cuando se pregunta qué tan frecuente se percibe la corrupción. En Yucatán, 73.2% de la población adulta urbana considera que esos actos son frecuentes o muy frecuentes. Es una proporción alta, pero aun así fue la segunda más baja del país, sólo detrás de Querétaro, con 67%, y muy lejos del 84.1% nacional.
Dos años antes, Yucatán estaba en 68.7%. Es decir, también creció la percepción negativa, aunque el cambio más fuerte está en la experiencia reportada. El estado conserva una imagen comparativamente favorable, pero cada vez más habitantes dicen haber encontrado corrupción en su trato cotidiano con instituciones públicas.
La propia encuesta muestra otra tensión. El 46% de los yucatecos declaró tener mucha o alguna confianza en el Gobierno estatal, frente a 40.4% a nivel nacional. Los gobiernos municipales alcanzaron 49.6% y las policías 52.6, ambas cifras por encima de los promedios nacionales. Al mismo tiempo, 48.2% de la población señaló la corrupción entre los problemas más importantes de la entidad.
En los trámites también hay señales mixtas. El 79.6% de los usuarios dijo estar satisfecho en términos generales con pagos, solicitudes o servicios públicos, por debajo del 82.3% nacional. En 94.1% de esas gestiones las personas obtuvieron lo que buscaban, prácticamente en línea con el 95% del país.
La policía: confianza y sospecha al mismo tiempo
La policía ofrece quizá el ejemplo más claro de esa convivencia entre confianza y sospecha. Yucatán encabeza el país en la proporción de personas que consideran que la policía de su ciudad contribuye a generar sensación de seguridad: 60.9%. Además, 50.7% dijo estar satisfecho con el servicio policial, frente a 27.9% nacional.
Pero cuando se pregunta por corrupción, el panorama cambia. El 78% de los yucatecos considera que las prácticas corruptas son frecuentes o muy frecuentes entre policías. Sólo los partidos políticos reciben una valoración peor, con 84.9%.
Ese contraste no permite afirmar que las policías expliquen el aumento de la corrupción en Yucatán. El desglose nacional muestra que el contacto con autoridades de seguridad pública es el trámite con mayor prevalencia de corrupción en México, pero los resultados estatales publicados no permiten atribuir a una corporación o tipo de trámite el incremento específico de Yucatán. Hacerlo sería ir más allá de lo que la encuesta mide.
La Península se mueve a distintas velocidades
La comparación regional también cambió. En 2023, Yucatán tenía la menor prevalencia de corrupción entre las tres entidades de la Península. Para 2025 quedó en medio: Quintana Roo registró 17 mil 176 víctimas por cada 100 mil habitantes; Yucatán, 15 mil 570, y Campeche, 12 mil 311.
En incidencia, Quintana Roo alcanzó 29 mil 463 actos, Yucatán 26 mil 439 y Campeche 18 mil 937.
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El dato relevante es que Yucatán fue el único de los tres estados peninsulares cuyo incremento en prevalencia fue clasificado por el Inegi como estadísticamente significativo. Eso no convierte a la entidad en la más corrupta de la región ni demuestra un deterioro en todas las instituciones, pero sí marca un cambio real en la experiencia reportada por la población.
Una fotografía urbana, no de todo el estado
La lectura también tiene un límite territorial. La ENCIG no retrata a todo Yucatán por igual. Su población objetivo son personas de 18 años y más que viven en ciudades de 100 mil habitantes o más. El levantamiento nacional se realizó del 31 de octubre al 16 de diciembre de 2025 sobre una muestra de 46 mil viviendas. Por eso, sus resultados describen el ámbito urbano y no pueden trasladarse automáticamente a municipios pequeños o comunidades rurales.
Ese límite importa en una entidad con una población ampliamente distribuida fuera de Mérida. Aun así, la ENCIG es la medición oficial más reciente y comparable para seguir la experiencia ciudadana frente a trámites, servicios públicos y actos de corrupción.
El retrato final es incómodo precisamente porque no es uniforme. Yucatán conserva niveles de confianza superiores al promedio nacional en varias instituciones, mantiene una percepción de corrupción menor que casi todo el país y destaca por la valoración de su policía. Pero, al mismo tiempo, creció con fuerza el número de personas que dicen haber enfrentado actos indebidos en su contacto con servidores públicos.
La imagen de un estado relativamente ajeno a la corrupción ya no coincide del todo con la experiencia que una parte creciente de sus habitantes reporta. Ésa es la principal advertencia de la encuesta: el problema no se mide sólo por lo que la gente cree que ocurre, sino también por lo que dice haber vivido frente a una ventanilla, durante un trámite o en su contacto directo con una autoridad.
