La disputa por el futuro de miles de hectáreas en Ixil volvió a tensar el ambiente entre habitantes del municipio. Ayer, un grupo de ejidatarios se concentró a las puertas del Poder Judicial en Progreso para exigir que se respeten los acuerdos agrarios y la propiedad de las parcelas en medio del litigio que desde hace años divide a la comunidad.
Con cartulinas y consignas, los inconformes acompañaron la audiencia relacionada con el conflicto territorial que enfrenta a distintos grupos del ejido por el destino legal de las tierras. Los manifestantes rechazaron la propuesta impulsada por el activista Sergio Oceransky y la Fundación Yansa, señalada por algunos pobladores como un intento de transformar el régimen ejidal en tierras comunales.
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“Las decisiones del ejido corresponden a la Asamblea y a quienes tienen derechos agrarios”, expresó José Encarnación Tejero Poot, quien sostuvo que el grupo identificado como “defensores” no representa a la mayoría de habitantes de Ixil.
Malas interpretaciones
Según los inconformes, la regularización territorial realizada en 2023 fue aprobada conforme a los procedimientos establecidos y validada por autoridades agrarias, por lo que pidieron evitar interpretaciones que, aseguran, generan incertidumbre jurídica y división social.
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Otros asistentes señalaron que el conflicto ha provocado confrontaciones internas entre familias y habitantes del municipio, por diferencias sobre el manejo y control de las tierras forestales del ejido.
En contraste, simpatizantes de Oceransky y de Fundación Yansa sostienen que las tierras deben mantenerse bajo control comunitario y han denunciado presuntas acciones de hostigamiento contra defensores ambientales vinculados al caso.
