Tenía trece años cuando un hombre que se hacía llamar “Diego”, de diecisiete, empezó a escribirle por Instagram. Le decía que era bonita. Que la entendía mejor que su familia. Le pedía fotos. Ella no sabía que esa práctica tenía un nombre legal: grooming. Tampoco sabía que era un delito. Nadie se lo había enseñado.
Su historia, documentada por una organización de protección a la infancia en Mérida que prefiere no ser identificada para proteger a la menor, es más común de lo que los padres de familia yucatecos quieren creer. Y es apenas la punta de un problema que las estadísticas están empezando a hacer visible, aunque de manera fragmentada y todavía incompleta.
En Yucatán, el suicidio de personas de 10 a 17 años aumentó entre 2021 y 2022. La violencia sexual contra menores atendida en hospitales aumentó entre 2022 y 2023. Y sin embargo, no existe –al menos no de manera documentada y pública– un programa estatal unificado de protección de menores en entornos digitales. Las escuelas, en su mayoría, navegan igual que sus alumnos: sin brújula.
El smartphone, compañero de infancia
Más del 60% de los menores mexicanos tienen acceso a un smartphone (teléfono inteligente), según datos del Inegi. En Mérida, ciudad con uno de los mayores índices de penetración digital del Sureste, esa cifra es previsiblemente más alta. El promedio de edad de primer acceso a redes sociales en México ronda los ocho años, según estudios de la Universidad Iberoamericana. Ocho años. Segundo de primaria.
El problema no es la tecnología. El problema es la ausencia de acompañamiento. Un niño de ocho años que tiene un smartphone tiene acceso, literalmente, a todo: pornografía, violencia, discursos de odio, adultos con malas intenciones y algoritmos diseñados para mantenerlo enganchado el mayor tiempo posible. El cerebro de un niño de ocho años no tiene la madurez neurológica para procesar ese volumen de estimulación ni para discernir la manipulación.
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Y los padres, en muchos casos, tampoco saben cómo orientarlo. Una encuesta aplicada por el DIF federal hace un par de años encontró que más del 70% de los padres mexicanos desconoce las funciones de control parental disponibles en los dispositivos de sus hijos. El teléfono se convierte así en una habitación sin llave en la que el niño entra solo.
El delito que no se denuncia
El grooming –la manipulación en línea de menores con fines sexuales por parte de adultos– está tipificado como delito en México desde el 2012. Yucatán incorporó disposiciones específicas en su legislación. En teoría, hay herramientas jurídicas para perseguirlo. En la práctica, la tasa de denuncia es mínima, el subregistro es enorme y los casos que llegan al ministerio público pocas veces terminan en sentencia.
Las razones son múltiples.
Los menores víctimas, especialmente las niñas adolescentes, frecuentemente sienten vergüenza o miedo a no ser creídas. Los padres, cuando descubren lo ocurrido, a menudo prefieren resolver el asunto en silencio para evitar el estigma. Y las autoridades no tienen, en muchos casos, el entrenamiento ni los recursos técnicos para rastrear evidencia digital de manera efectiva.
La Fiscalía General del Estado de Yucatán tiene una Unidad de Delitos Cibernéticos, pero su capacidad operativa y sus estadísticas de éxito no son públicas. Lo que sí es público, gracias a organizaciones de la sociedad civil, es que los casos existen, que están creciendo y que la mayoría de las víctimas son niñas entre 12 y 16 años.
La salud mental: pandemia silenciosa
El suicidio adolescente es el indicador más brutal del estado de la salud mental de una generación. Que en Yucatán haya aumentado entre el 2021 y el 2022 debería haber disparado alarmas institucionales. Sin embargo, la respuesta pública ha sido tibia: más campañas de sensibilización que intervenciones estructurales, más pláticas motivacionales en escuelas que terapeutas disponibles en el sistema de salud pública.
La pandemia de COVID-19 dejó una herida profunda en la salud mental de los adolescentes mexicanos que los expertos llevan años documentando. El aislamiento, la interrupción de la rutina escolar, la pérdida de seres queridos, el incremento de la violencia intrafamiliar durante los confinamientos –todo eso pasó factura. Y lo pasó especialmente a los jóvenes.
En Yucatán, la Secretaría de Salud del Estado tiene programas de salud mental, pero la oferta de psicólogos y psiquiatras en el sistema público es insuficiente para la demanda real.
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Un adolescente de una familia de escasos recursos que necesita atención psicológica puede esperar semanas o meses para obtener una cita. Para entonces, la crisis puede haberse profundizado irreparablemente.
El entorno digital lo agrava todo. Los algoritmos de redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube están diseñados para maximizar el tiempo de pantalla, no para el bienestar de sus usuarios. La investigación científica publicada en los últimos cinco años es consistente: el uso intensivo de redes sociales en adolescentes, especialmente en niñas, se correlaciona con mayores niveles de depresión, ansiedad, imagen corporal negativa y, en los casos más extremos, ideación suicida.
El eslabón que falta
La Secretaría de Educación de Yucatán no tiene, al día de hoy, un programa sistematizado y obligatorio de educación digital segura que llegue a todos los niveles de primaria y secundaria. Hay esfuerzos aislados, talleres esporádicos, maestros que por iniciativa propia abordan el tema. Pero no hay un currículo formal, evaluado y con seguimiento, que garantice que cada niño yucateco sale de la primaria sabiendo qué es el grooming, qué es el ciberbullying, cómo proteger su información personal y a quién acudir si algo malo ocurre en línea.
Eso, en el 2026, es una omisión que tiene consecuencias. Los depredadores en línea no esperan a que el sistema educativo se ponga al día. Los algoritmos no distinguen si el niño recibió o no formación digital. El riesgo está ahí, todos los días, en el bolsillo de los niños, esperando.
El marco del Día del Niño debería ser también el día en que Yucatán se pregunte si está haciendo lo suficiente para proteger a sus menores en el único espacio que creció más rápido que cualquier proyecto de infraestructura y de gobierno: el mundo digital.
