En Yucatán, salir a protestar es un derecho reconocido, pero ejercerlo puede implicar enfrentar vigilancia excesiva, presencia policial desproporcionada e incluso el uso de la fuerza.
Así lo documenta el primer informe especial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey), que advierte sobre prácticas institucionales que limitan la libre manifestación y evidencian un trato diferenciado hacia distintos tipos de movilización social.
El estudio, encabezado por la presidenta del organismo, María Guadalupe Méndez Correa, identifica una serie de prácticas institucionales que buscan controlar el espacio público durante manifestaciones, como la presencia policial desproporcionada, el uso de dispositivos de contención y, en ciertos casos, intervenciones que derivan en uso de la fuerza.
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Patrones de actuación
El informe pone especial énfasis en movilizaciones feministas y antipatriarcales, donde –según el documento– se han registrado patrones reiterados de actuación que limitan el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de reunión.
Además, la Codhey advierte sobre la persistencia de narrativas que estigmatizan a quienes protestan, asociándolos con violencia o conductas delictivas, lo que genera un entorno adverso para la participación ciudadana.
“El derecho a la protesta se encuentra formalmente reconocido en Yucatán, pero enfrenta obstáculos estructurales que afectan de manera diferenciada a grupos históricamente discriminados”, señaló Méndez Correa.
Entre los sectores más impactados se encuentran mujeres, comunidades mayas y personas defensoras del territorio, quienes –según el informe– enfrentan no solo restricciones en el espacio público, sino también procesos de criminalización que incluyen detenciones arbitrarias, apertura de carpetas de investigación y el uso de mecanismos administrativos que pueden inhibir la protesta.
El documento también señala un trato diferenciado hacia las manifestaciones dependiendo de su origen o agenda, lo que evidencia una aplicación desigual de criterios por parte de las autoridades.
Durante la presentación, Ricardo Neves, oficial de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconoció el informe como un avance relevante, al tratarse de un tema que no ha sido abordado de manera sistemática por todos los organismos públicos del país.
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Subrayó que la libertad de reunión pacífica no sólo es un derecho en sí mismo, sino también una herramienta que permite ejercer otros derechos fundamentales, como la participación política y la libertad de expresión.
A nivel nacional, el contexto refuerza la relevancia del informe. En los últimos años, organizaciones civiles han documentado casos de uso excesivo de la fuerza en protestas, así como la utilización de figuras legales para limitar manifestaciones, especialmente en contextos de movilización social.
En este escenario, el informe de la Codhey coloca a Yucatán en el debate sobre los límites entre seguridad pública y derechos humanos, en un momento en que las protestas se han convertido en uno de los principales canales de exigencia ciudadana.
El documento concluye con un llamado a revisar marcos normativos, capacitar a cuerpos de seguridad y garantizar condiciones reales para el ejercicio del derecho a la protesta, más allá de su reconocimiento legal.
