La imagen de cientos de policías estatales desplegados alrededor de la zona arqueológica de Chichén Itzá, patrullas atravesadas en los accesos y habitantes de Pisté retirando rejas metálicas colocó al principal ícono turístico de Yucatán en el centro de un conflicto económico y social que desde hace meses crece silenciosamente entre autoridades, artesanos y comunidades mayas.
Lo que oficialmente fue presentado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Patronato Cultur como un “cierre temporal por mantenimiento y coordinación operativa”, para decenas de habitantes de Pisté representó una nueva ruptura de acuerdos y un intento por limitar el acceso al antiguo parador turístico donde durante décadas han trabajado cientos de vendedores y artesanos.
Desde antes del amanecer comenzaron a circular videos y fotografías en redes sociales. En las imágenes se observaban camionetas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), elementos antimotines, integrantes de la Guardia Nacional y estructuras metálicas instaladas en la antigua entrada de acceso a la zona arqueológica. La reacción comunitaria fue inmediata.
Integrantes del Concejo Indígena de Gobierno de Pisté acusaron que las rejas fueron colocadas durante la madrugada, mientras aún se realizaba una mesa de diálogo con representantes del INAH, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Gobernación, Procuraduría Agraria, Derechos Humanos y autoridades estatales.
Según denunciaron, el operativo contradijo los compromisos alcanzados previamente en las negociaciones sobre el futuro de los artesanos y comerciantes que operan dentro del entorno turístico de Chichén Itzá.
Noticia Destacada
Turistas suben a la Pirámide de Kukulkán y son detenidos en medio de las protestas en Chichén Itzá
Horas después, pobladores retiraron las estructuras metálicas y reabrieron el paso vehicular y peatonal en un acceso que consideran una vía pública.
El conflicto detrás del nuevo CATVI
El conflicto tiene como punto central la reciente inauguración del Centro de Atención a Visitantes (CATVI), una obra impulsada para reorganizar el flujo turístico en Chichén Itzá y modernizar los servicios de recepción para los millones de personas que cada año llegan a la zona arqueológica.
El nuevo complejo comenzó a operar formalmente a finales de marzo y desde entonces surgieron inconformidades entre grupos de artesanos, comerciantes y vendedores que históricamente trabajaron en el antiguo parador turístico y en senderos cercanos al sitio arqueológico.
Muchos de ellos rechazan la reubicación al nuevo centro de visitantes. Argumentan que el cambio amenaza directamente sus ingresos y rompe con décadas de actividad económica construida alrededor del turismo arqueológico.
Para las autoridades culturales y turísticas, el CATVI representa una estrategia para ordenar el acceso, mejorar la experiencia del visitante y reforzar la imagen internacional de Chichén Itzá.
Para buena parte de los comerciantes mayas, en cambio, significa el riesgo de quedar desplazados de las zonas con mayor circulación de turistas.
La disputa escaló gradualmente durante abril y mayo, pero ayer martes alcanzó uno de sus momentos más delicados.
“El pueblo tomó Chichén”
Mientras el INAH informaba oficialmente sobre el cierre temporal “por mantenimiento”, habitantes y representantes comunitarios difundían una versión completamente distinta.
En redes sociales comenzaron a multiplicarse mensajes asegurando que Chichén Itzá permanecía abierto y que el acceso sería gratuito para visitantes nacionales y extranjeros.
“El pueblo maya abrió Chichén”, escribieron algunos usuarios.Otros aseguraban que el cierre oficial era únicamente una estrategia para ocultar que la comunidad había tomado el control del acceso principal.
Las versiones contradictorias generaron confusión entre turistas, operadores de agencias de viajes y prestadores de servicios. Algunos visitantes se enteraron del supuesto cierre cuando ya viajaban rumbo a la zona arqueológica.
Noticia Destacada
Consejo indígena pide diálogo y evitar confrontaciones tras el presunto cierre de Chichén Itzá
Prestadores turísticos pidieron mayor claridad informativa y criticaron que el aviso oficial fuera difundido únicamente mediante redes sociales.
También surgieron cuestionamientos sobre la promoción turística estatal. Empresarios y operadores reclamaron que, ante el cierre temporal de Chichén, las autoridades recomendaran zonas arqueológicas de Quintana Roo como Tulum o Cobá, mientras sitios yucatecos como Yaxunah, Aké o la Ruta Puuc continúan con baja promoción nacional e internacional.
Operativo policiaco y tensión social
De acuerdo con testimonios difundidos por habitantes de Pisté, alrededor de 300 elementos de la SSP participaron en el despliegue de seguridad instalado en los alrededores de Chichén Itzá.
Las imágenes compartidas muestran patrullas estacionadas en distintos accesos, unidades antimotines y presencia de elementos federales.
En algunos puntos, manifestantes atravesaron vehículos para impedir el avance de patrullas.
Pese al ambiente de tensión, hasta el mediodía no se reportaban enfrentamientos graves ni personas lesionadas.
Los representantes comunitarios insistieron en que la protesta se mantiene de forma pacífica y sin bloqueos carreteros. También reiteraron que el movimiento no busca afectar a los turistas. “Seguimos recibiendo con respeto y hospitalidad”, señalaron mediante comunicados difundidos en redes sociales.
El trasfondo indígena y económico
Detrás del conflicto turístico también existe una disputa política y social más profunda.
El Concejo Indígena de Gobierno de Pisté sostiene que la negociación con autoridades no gira alrededor de dinero, sino del reconocimiento de derechos indígenas y de la permanencia de las comunidades mayas dentro de la actividad económica generada por Chichén Itzá.
Los representantes comunitarios aseguran que el parador turístico ha sido durante más de cuatro décadas un eje económico fundamental para miles de familias.
Calculan que alrededor de dos mil personas de Pisté dependen diariamente de actividades vinculadas al turismo arqueológico. Por ello consideran que cualquier modificación en los accesos, reubicaciones o cambios administrativos impacta directamente el sustento regional.
Una disputa aún abierta
Mientras el gobierno sostiene que el cierre responde a labores operativas y de mantenimiento, los grupos comunitarios mantienen la narrativa de que existe un intento por limitar el acceso tradicional al antiguo parador turístico y desplazar a comerciantes históricos.
La distancia entre ambas versiones revela que el conflicto todavía está lejos de resolverse. Hoy ambas partes instalarán una mesa de diálogo para tratar de conciliar.
Con millones de turistas al año, cientos de millones de pesos en juego y comunidades enteras dependiendo del sitio, cualquier decisión futura tendrá repercusiones económicas, sociales y políticas para toda la región.
Por ahora, Chichén Itzá sigue abierta como una herida de tensión entre modernización turística, control institucional y demandas históricas de las comunidades mayas. Y en Pisté, la tensión permanece.
