Organizaciones de derechos humanos, colectivos ambientales, ejidos y comunidades mayas de la Península de Yucatán advirtieron sobre un posible retroceso en materia de justicia ambiental ante un proyecto de sentencia que analiza el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en Yucatán, relacionado con la granja avícola Akutzá, promovida por la empresa Bachoco en el municipio de Peto.
La controversia gira en torno al Amparo en Revisión 47/2025, procedimiento derivado de un juicio iniciado en el 2023 por comunidades y ejidos de Quintana Roo acompañados por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), quienes buscan impugnar autorizaciones ambientales y de construcción otorgadas al proyecto.
De acuerdo con las organizaciones, el proyecto de resolución propone desechar el juicio bajo el argumento de que las comunidades promoventes no acreditaron un interés legítimo para impugnar dichas autorizaciones, al no presentar pruebas suficientes sobre afectaciones ambientales derivadas de la instalación de la granja.
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El caso cobra relevancia porque las preocupaciones expresadas por las comunidades se relacionan con posibles impactos al agua subterránea y a la Laguna de Chichankanab, ubicada en Quintana Roo y reconocida internacionalmente como sitio Ramsar por su importancia ecológica. Este humedal abarca cerca de dos mil hectáreas y alberga especies endémicas de gran valor para la biodiversidad regional.
Vínculo con el territorio
Las agrupaciones sostienen que los habitantes sí demostraron su vínculo con el territorio, al formar parte de ejidos y pueblos indígenas cuya vida cotidiana depende de los recursos naturales de la región para actividades agrícolas, abastecimiento de agua y otras labores comunitarias.
Según su postura, si el criterio planteado por el tribunal es confirmado, el expediente podría cerrarse sin que una autoridad jurisdiccional analice el fondo del asunto, es decir, sin determinar si el proyecto avícola podría generar impactos ambientales adversos o irreversibles en una zona caracterizada por la fragilidad de su sistema kárstico y la alta vulnerabilidad de los acuíferos.
Las organizaciones consideran que este enfoque se aparta de criterios recientes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordaron que en mayo pasado, al resolver el Amparo en Revisión 451/2025 relacionado con la Norma Técnica Ambiental para granjas porcícolas en Yucatán, el máximo tribunal reconoció que integrantes de comunidades mayas cuentan con interés legítimo para acudir a los tribunales cuando buscan proteger su territorio, el medio ambiente y sus derechos colectivos.
La resolución ordenó revisar de fondo los planteamientos presentados por las comunidades y dejó establecido que el acceso a la justicia ambiental debe interpretarse de manera amplia cuando están involucrados pueblos indígenas.
Además, las agrupaciones señalaron que el proyecto judicial en discusión podría contravenir principios reconocidos en el Acuerdo de Escazú y en la legislación ambiental mexicana, los cuales privilegian los principios de prevención y precaución frente a riesgos ambientales. Bajo esa lógica, argumentan, no debería exigirse a las comunidades demostrar daños consumados antes de que un tribunal estudie el posible riesgo que representa una obra o actividad productiva.
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Precedente importante
El debate ocurre en un contexto de crecimiento de la industria pecuaria en la Península de Yucatán, donde especialistas y organizaciones han advertido durante años sobre la vulnerabilidad del acuífero regional debido a la rápida filtración de contaminantes hacia cenotes, cavernas y ríos subterráneos.
Datos citados por ProDESC indican que el proyecto Akutzá contempla una granja destinada a la producción de huevo incubable en una superficie cercana a las 300 hectáreas dentro del municipio de Peto, en la zona limítrofe con Quintana Roo.
Para las organizaciones firmantes, la resolución que adopte el Tribunal Colegiado tendrá implicaciones que van más allá del caso específico, pues podría definir si las comunidades tienen derecho a recurrir a la justicia para prevenir posibles daños ambientales o si deberán esperar a que éstos se materialicen para que sus reclamos sean atendidos.
“Hace apenas unas semanas la Suprema Corte reconoció que las comunidades mayas tienen interés legítimo para acudir a los tribunales cuando buscan defender sus territorios frente a los impactos de la industria porcícola. Sería profundamente contradictorio que ahora se validara un criterio que exige a las comunidades demostrar daños casi imposibles de acreditar antes siquiera de que un juez analice el fondo del asunto”, señaló Guillermo Torres Domínguez, coordinador legal de ProDESC.
Ante este escenario, las organizaciones hicieron un llamado a los magistrados para garantizar el acceso efectivo a la justicia ambiental, reconocer el interés legítimo de las comunidades promoventes y aplicar los principios de prevención y precaución en la resolución del caso.
Entre las agrupaciones que respaldan el pronunciamiento se encuentran ProDESC, Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Kanan Derechos Humanos, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal y diversas organizaciones integradas en el Espacio OSC.
