Yucatán llegará en el 2031 al punto en que las personas de 60 años y más superarán en número a los menores de 12 años, tres años antes de que ese mismo cruce ocurra a nivel nacional, previsto para el 2034. Así lo establece el Programa Nacional de Población (PNP) 2026-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación, un documento que por primera vez ubica al estado entre las entidades donde el envejecimiento demográfico avanzará con mayor rapidez.
El programa coloca a Yucatán en un grupo de cinco entidades -junto con Estado de México, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas- que alcanzarán ese punto de inflexión en el 2031. Antes que ellas, la Ciudad de México ya cruzó ese umbral desde el 2019, y Colima y Veracruz lo harán en el 2028, seguidos de Morelos entre el 2029 y el 2030. Dentro de la Península, Yucatán es la entidad más adelantada: Campeche llegará al mismo escenario hasta el 2034, al parejo del país, y Quintana Roo será la última de la región en hacerlo, en el 2039.
Un país que envejece más rápido de lo previsto
Para el 2034, según las proyecciones del programa, los adultos mayores representarán 16.8% de la población mexicana, superando por primera vez a los menores de 12 años, que se ubicarán en 16.2 por ciento. El fenómeno se acelera con el paso de las décadas: a nivel nacional, las personas de 60 años y más pasarán de 13.24% de la población en el 2026 a 24.12% en el 2050, prácticamente el doble en apenas 24 años. El documento también destaca que la esperanza de vida en México llegó a 75.85 años, 15 años más que en 1970, uno de los factores que explica el ritmo del envejecimiento.
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Los rezagos que acompañan esta transición ya son visibles y preocupan a especialistas en política social: 28.8% de las personas de 65 años y más carece de seguridad social, y 29.3% de los adultos mayores sin jubilación vive en pobreza extrema, de acuerdo con las cifras que retoma el propio programa federal.
Sin presupuesto nuevo ni plan estatal vigente
Uno de los puntos que más llama la atención del documento es que no crea una bolsa presupuestal adicional para enfrentar el fenómeno: sus acciones se financiarán con los recursos ya aprobados, lo que traslada a cada entidad la responsabilidad de anticiparse al cambio demográfico con sus propios medios.
En ese sentido, Yucatán enfrenta el escenario del 2031 sin contar con un Programa Estatal de Población vigente. Actualmente solo siete entidades del país cuentan con uno, y la meta federal es que 18 estados lo tengan implementado para el 2030, una cifra que Yucatán tendría que alcanzar en los próximos años si busca planear con anticipación los efectos de su transición demográfica.
El bono demográfico llega a su último tramo
El envejecimiento acelerado coincide con el cierre de lo que especialistas llaman el bono demográfico: la etapa en que la población en edad productiva supera ampliamente a la dependiente, una ventana que el propio programa describe como transitoria y que ya comenzó a cerrarse.
La causa principal es la caída sostenida de la fecundidad: en el 2023, las mujeres mexicanas tuvieron en promedio 1.60 hijos, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional de 2.1 hijos por mujer. Como resultado, hoy existen 50 personas dependientes por cada 100 en edad de trabajar, una proporción que seguirá creciendo conforme avance el peso de la población de mayor edad dentro de ese total.
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“Resiliencia demográfica”, el concepto central del programa
Frente a este panorama, el PNP 2026-2030 adopta como eje rector la idea de resiliencia demográfica: anticipar, adaptar y aprovechar los efectos del envejecimiento antes de que se conviertan en una crisis abierta, con énfasis en la planeación de mediano plazo. El enfoque implica rediseñar, de manera simultánea, los sistemas de salud, pensiones, empleo y cuidados, pensados originalmente para una estructura poblacional muy distinta a la que enfrentará el país en la próxima década.
La tensión fiscal que se avecina
El documento reconoce, aunque de forma indirecta, una tensión fiscal creciente: si la base de trabajadores se reduce mientras aumenta la población que depende de pensiones y servicios de salud, disminuye también el número de cotizantes disponibles por cada adulto mayor, y con ello la capacidad del Estado para financiar las transferencias sociales actuales.
El reto se agrava porque, en México, casi la mitad de la población ocupada no cuenta con seguridad social, lo que significa que buena parte de los futuros adultos mayores no habrá cotizado lo suficiente para sostenerse por cuenta propia y dependerá de recursos públicos. La Pensión para el Bienestar, de carácter universal y ya incorporada a la Constitución, crece de forma automática con cada generación que envejece, en un gasto que compite cada vez más con salud, educación e inversión pública.
El debate de la próxima década, anticipa el propio programa, girará en torno a decisiones como elevar la formalidad laboral, revisar la edad de retiro, ajustar impuestos o rediseñar el sistema de pensiones. La disyuntiva de fondo es directa: o el país amplía hoy la base de quienes cotizan y cuánto se recauda, o traslada la factura a los trabajadores de mañana, cada vez menos numerosos, de una población que vivirá más años. Un bono demográfico mal aprovechado, advierte el documento, termina pagándose en la vejez.
