Yucatán se mantiene entre las entidades con mejor desempeño en procuración de justicia del país, pero la cifra negra del delito continúa siendo uno de sus principales desafíos: apenas 9.4 por ciento de los ilícitos cometidos durante el 2024 fueron denunciados, lo que significa que más de nueve de cada 10 hechos delictivos nunca llegaron al conocimiento de las autoridades.
Así lo revela el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2026, elaborado por la organización Impunidad Cero, que muestra que el problema no es exclusivo de la entidad, sino una constante en todo el país, donde anualmente se cometen cerca de 30 millones de delitos, de los cuales únicamente alrededor de uno de cada 10 es denunciado.
El estudio, que analiza el periodo del 2016 al 2024, advierte que el porcentaje de denuncias prácticamente no ha cambiado en los últimos años: en el 2024 sólo 9.6 por ciento de los delitos registrados en México fueron reportados ante las autoridades, un nivel casi idéntico al observado ocho años atrás.
En Yucatán el comportamiento fue muy similar, con 9.4 por ciento de denuncias, porcentaje ligeramente inferior al promedio nacional y distante de entidades como Campeche, donde 13.7 por ciento de los delitos llegaron a conocimiento de la autoridad. En el extremo opuesto se ubicó Tamaulipas, con apenas 5.1 por ciento.
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Especialistas advierten que esta elevada cifra negra limita la capacidad del Estado para dimensionar la incidencia delictiva real y dificulta la planeación de políticas públicas orientadas a la prevención y persecución de los delitos.
Mayor capacidad para resolver los casos
A pesar del bajo nivel de denuncias, el informe ubica a Yucatán entre las fiscalías con mejores resultados del país en materia de esclarecimiento de delitos. El indicador mide la probabilidad de que un ilícito denunciado concluya mediante una resolución efectiva dentro del sistema de justicia.
A nivel nacional, esa posibilidad apenas alcanzó 1.47 por ciento durante el 2024, reflejo de las dificultades que enfrentan las instituciones para investigar y resolver los casos. En contraste, Yucatán obtuvo una probabilidad de esclarecimiento de 3.6 por ciento, más del doble del promedio nacional, resultado que colocó a la entidad en el sexto lugar del país, únicamente por debajo de San Luis Potosí y otras entidades con mejores indicadores.
Aunque el porcentaje continúa siendo reducido, la organización considera que refleja una mayor capacidad operativa respecto del promedio nacional.
Lidera en sentencias por homicidio doloso
Uno de los apartados que más favorecen a Yucatán corresponde al combate al homicidio doloso. El estudio analiza la llamada impunidad acumulada, indicador que compara el número de sentencias condenatorias con los homicidios registrados durante un periodo determinado, considerando que los procesos judiciales suelen prolongarse durante varios años.
Mientras el promedio nacional de impunidad entre el 2016 y el 2021 alcanzó 92.8 por ciento –es decir, sólo alrededor de siete de cada 100 homicidios terminaron con una sentencia condenatoria‒, Yucatán obtuvo el mejor resultado del país, con 38.5 por ciento de impunidad acumulada. En términos prácticos, esto significa que más de seis de cada 10 homicidios dolosos registrados en ese periodo concluyeron con una sentencia condenatoria, una proporción muy superior a la observada en el resto del país. En el otro extremo se ubicaron Oaxaca, Morelos, Tlaxcala y Colima, entidades donde prácticamente la totalidad de los homicidios permaneció sin una resolución judicial definitiva.
Entre las fiscalías mejor calificadas
El Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías evalúa a las 32 instituciones estatales mediante ocho indicadores relacionados con capacidades institucionales, eficiencia operativa y resultados. En esta edición, Nuevo León ocupó el primer lugar nacional con 61.8 puntos, seguido por otras entidades con mejor desempeño institucional. Yucatán alcanzó 55.4 puntos, suficientes para colocarse en la octava posición nacional, muy por encima del promedio y lejos de Tlaxcala, que cerró la clasificación.
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El informe destaca que disponer de mayores presupuestos o de más personal no necesariamente se traduce en mejores resultados: identifica a Yucatán, Querétaro y Coahuila como ejemplos de entidades que, aun con recursos más limitados que otros estados, logran indicadores superiores gracias a una mejor organización institucional y a mecanismos de priorización de investigaciones.
Autonomía fortalece el desempeño
La organización también evaluó la autonomía de las fiscalías estatales, al considerar que la independencia institucional resulta determinante para fortalecer la procuración de justicia y evitar presiones políticas. En este apartado, únicamente cinco entidades alcanzaron los estándares más altos de autonomía: Coahuila, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Yucatán.
Según Impunidad Cero, estos estados cuentan con mecanismos más estrictos para la designación y eventual remoción de sus fiscales, lo que reduce la discrecionalidad política y fortalece la continuidad de las investigaciones.
No obstante, el propio informe advierte que el principal reto para Yucatán –como ocurre en el resto del país‒ sigue siendo disminuir la enorme cifra negra del delito, pues mientras la mayoría de los ilícitos permanezca sin denunciarse, el sistema de procuración de justicia continuará operando sobre apenas una fracción de la criminalidad que realmente afecta a la población.