El Gobierno de Yucatán quedó legalmente facultado para contratar hasta mil 562 millones de pesos de nueva deuda y comprometer participaciones federales como fuente de pago, después de que ayer fue publicado en el Diario Oficial el decreto aprobado por el Congreso para financiar parte del Plan Bienestar Metropolitano.
La autorización entra en vigor hoy y permite que la Secretaría de Administración y Finanzas contrate uno o varios créditos durante lo que resta de 2026 y durante 2027.
No significa que los mil 562 millones de pesos hayan sido recibidos ya ni que exista un banco seleccionado. A partir de ahora deberá comenzar el proceso financiero para definir instituciones, tasas de interés, plazos, comisiones y condiciones de pago.
El Decreto 227/2026 también permite al Estado refinanciar hasta 9 mil 267 millones 732 mil 161.84 pesos de deuda existente, contratar coberturas financieras y modificar la Ley de Ingresos estatal de este año.
Este segundo monto es particularmente relevante: prácticamente coincide con toda la deuda pública de largo plazo que Yucatán mantenía al cierre de junio.
El último informe estatal disponible registró 8 mil 960.8 millones de pesos de deuda pública directa y otros 306.9 millones correspondientes a una obligación garantizada mediante el Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad. En conjunto suman alrededor de 9 mil 267.7 millones de pesos, prácticamente la misma cantidad que ahora puede ser refinanciada.
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La diferencia es importante. Los mil 562 millones sí constituyen autorización para nuevo endeudamiento destinado a inversión pública productiva.
Los 9 mil 267.7 millones, en cambio, corresponden a obligaciones que ya existen. Refinanciarlas significa sustituir créditos vigentes por otros con diferentes tasas, plazos, esquemas de amortización o garantías; no equivale automáticamente a agregar esa misma cantidad nuevamente al saldo de la deuda.
Por ello, no sería correcto afirmar que el Congreso autorizó más de 10 mil 800 millones de pesos de deuda nueva. Sí puede afirmarse que el Ejecutivo recibió facultades para reordenar prácticamente todo su endeudamiento de largo plazo y, simultáneamente, añadir hasta mil 562 millones de pesos para nuevas obras.
Pagos de hasta 15 años
El crédito para el Plan Bienestar Metropolitano podrá tener un plazo máximo de 15 años, por lo que las obligaciones derivadas de las obras contratadas durante esta administración podrían continuar pagándose después de que concluya el actual Gobierno.
La autorización legislativa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. El Congreso aprobó el financiamiento el pasado 24 de agosto con 31 votos a favor y tres en contra, después de varias semanas de discusión sobre el costo, la transparencia y los mecanismos de vigilancia del proyecto.
Como fuente de pago podrán afectarse participaciones federales que corresponden al Estado. En términos prácticos, una parte de los recursos que Yucatán recibe regularmente de la Federación quedará vinculada al cumplimiento de las obligaciones financieras contratadas.
Esto no significa que todas las participaciones se destinen a pagar el crédito, sino que el mecanismo permitirá separar el porcentaje necesario para cubrir capital, intereses y demás obligaciones pactadas.
Cinco destinos para el préstamo
Los mil 562 millones de pesos forman parte de un programa mucho mayor. El Gobierno calcula que el Plan Bienestar Metropolitano requerirá 4 mil 490.9 millones de pesos durante tres años, por lo que el financiamiento representa aproximadamente 34.8% del costo global anunciado. El resto tendría que provenir de presupuesto estatal y aportaciones federales.
Los recursos del empréstito fueron distribuidos en cinco componentes: 698.8 millones de pesos se destinarán a infraestructura de agua potable; 400 millones, a tecnología, cámaras y equipamiento de seguridad; 263.9 millones, a intervenciones viales debajo de pasos del Periférico; 158.2 millones, a infraestructura peatonal, y 41.2 millones, a trabajos relacionados con la avenida Aviación.
El componente hidráulico es el de mayor tamaño. El Gobierno ha argumentado que las inversiones permitirán mejorar la presión y distribución del agua potable, modernizar infraestructura y recuperar hasta 72 millones de metros cúbicos del líquido al año.
En seguridad se proyecta incorporar 342 cámaras, 44 puntos de monitoreo y 30 arcos lectores de placas, además de infraestructura en municipios de la zona metropolitana.
En movilidad se contemplan adecuaciones al Periférico, cruces peatonales e intervenciones en vialidades que conectan Mérida con su área conurbada.
En esta región se concentra 57.1% de la población del Estado, uno de los argumentos utilizados por el Ejecutivo para justificar la magnitud de la inversión.
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El costo aún es desconocido
La publicación del decreto resuelve cuánto puede pedir prestado el Gobierno, pero aún no permite saber cuánto terminará pagando Yucatán.
Ese dato dependerá de la tasa de interés obtenida, el plazo específico de cada contrato, comisiones, coberturas financieras, fondos de reserva y calendario de amortizaciones.
Tampoco se han seleccionado públicamente las instituciones financieras que otorgarán los créditos.
Por ello, los mil 562 millones representan el capital máximo autorizado, no el costo total que tendrá el financiamiento para las finanzas estatales durante sus hasta 15 años de vigencia.
Yucatán mantenía al 30 de junio seis créditos principales con Banamex, Banobras y BBVA, por aproximadamente 8 mil 960.8 millones de pesos, además de la obligación garantizada por 306.9 millones. Entre ellos se encuentran financiamientos contratados para infraestructura estatal, refinanciamientos anteriores y el crédito relacionado con la ampliación del Puerto de Altura de Progreso.
El decreto tampoco implica que las obras puedan comenzar de inmediato. Después de contratar los recursos deberán desarrollarse o concluirse procesos de licitación, proyectos ejecutivos, permisos y calendarios de construcción.
