Yucatán aplazó de 2027 a 2028 la segunda elección popular de integrantes del Poder Judicial, por lo que la renovación pendiente de jueces de primera instancia y magistrados laborales se realizará un año después de lo previsto.
El cambio quedó formalizado mediante el Decreto 228/2026, publicado ayer en el Diario Oficial del Estado. La reforma entrará en vigor este sábado 5 de septiembre y modifica la Constitución local para ajustarla al nuevo calendario federal.
La votación incluirá las magistraturas del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, así como los juzgados de primera instancia que no fueron sometidos a elección durante el proceso extraordinario de 2025.
Quienes resulten electos en 2028 ocuparán los cargos durante ocho años, por lo que concluirán sus funciones en 2036.
El decreto no precisa en sus artículos transitorios cómo se resolverá la permanencia de los actuales juzgadores durante el año adicional. Tampoco presenta una lista de los cargos alcanzados por el aplazamiento ni identifica a sus titulares.
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Modifican selección de candidatos
La reforma no se limita a mover la fecha. También cambia el procedimiento para integrar las listas de aspirantes que aparecerán en las boletas.
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán formar, cada uno, un comité de evaluación integrado por tres personas. Estos grupos revisarán los expedientes y determinarán qué aspirantes cumplen los requisitos para competir.
Cada comité seleccionará cuatro personas por cargo. Posteriormente, mediante insaculación pública, las listas serán reducidas a dos candidatos por puesto.
Este mecanismo significa que una persona puede cumplir los requisitos y ser considerada idónea por un comité, pero quedar fuera de la contienda mediante un sorteo.
Las listas definitivas deberán remitirse al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac), responsable de organizar la jornada, preparar las boletas y computar los resultados.
Votos se contarán en las casillas
Otra modificación alcanza el escrutinio. Durante la elección judicial extraordinaria de 2025, las urnas fueron trasladadas a los consejos distritales para realizar el cómputo.
La nueva reforma establece que los votos deberán contarse directamente en las casillas, como ocurre en las elecciones ordinarias. Los resultados serán asentados en actas antes de trasladar los paquetes a los órganos electorales.
El cambio busca reducir el tiempo transcurrido entre el cierre de las urnas y la difusión de resultados, una de las principales dificultades observadas durante la primera elección judicial.
El Iepac todavía deberá emitir los lineamientos específicos, ajustar su calendario y calcular el presupuesto necesario para organizar el proceso extraordinario de 2028.
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Un año más en funciones
El punto menos desarrollado por el decreto es lo que ocurrirá con los funcionarios judiciales cuyos cargos debían renovarse en 2027.
La reforma establece la nueva elección y la duración de los puestos. Sin embargo, no explica de forma expresa si los actuales jueces y magistrados permanecerán automáticamente hasta la toma de protesta de sus sustitutos ni bajo qué disposición se sostendrá esa ampliación.
Ese vacío deberá ser aclarado por el Congreso o el Poder Judicial, pues la postergación podría prolongar un año los nombramientos de quienes originalmente debían dejar sus cargos después de la elección de 2027.
También falta conocer el número definitivo de plazas que aparecerán en las boletas, su distribución territorial, las materias judiciales involucradas y el costo que tendrá el proceso para las finanzas estatales.
Con la publicación del decreto, el aplazamiento ya no es una propuesta: forma parte de la Constitución de Yucatán. Sin embargo, la preparación electoral, la convocatoria y la definición de candidaturas quedarán pendientes hasta que se acerque el inicio formal del proceso de 2028.
