La ola de violencia contra mujeres registrada en los últimos días en Yucatán encendió las alertas entre colectivas feministas, activistas, asociaciones civiles y organismos defensores de derechos humanos, que exigieron respuestas urgentes ante lo que calificaron como un contexto creciente de violencia feminicida, impunidad y fallas institucionales.
Colectivas como Igualdad Sustantiva Yucatán, UADY Sin Acoso, Colectiva Habitantas, Ecos de Jacarandas, Unasse, Colectivo Haciendo Ciudad, Kanan Derechos Humanos, Corriendo con Lobas y Ya no Somos Invisibles, entre otras, firmaron el documento para hacer un llamado a las autoridades sobre la emergencia que se vive.
A través de un posicionamiento público, las organizaciones civiles señalaron que los recientes casos ocurridos en Mérida y otros municipios no pueden seguir tratándose como hechos aislados, sino como parte de una problemática estructural que requiere acciones inmediatas de prevención, protección y acceso efectivo a la justicia.
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“El bienestar y el desarrollo de Yucatán no puede construirse sobre la base de la impunidad”, advirtieron las agrupaciones.
Uno de los hechos que más indignación provocó fue el feminicidio registrado el pasado fin de semana en el fraccionamiento Real Montejo, en Mérida, donde una mujer perdió la vida presuntamente a manos de su pareja sentimental cuando intentaba proteger a su hija adolescente de una agresión sexual.
La menor, de 14 años, permanece hospitalizada en estado grave y otra adolescente también resultó lesionada durante los hechos ocurridos dentro del domicilio familiar.
Las colectivas señalaron que este caso exhibe la gravedad de la violencia familiar y los riesgos que enfrentan mujeres, niñas y adolescentes incluso dentro de sus propios hogares.
A estos hechos se sumó el caso ocurrido en la colonia San José Tecoh, al sur de Mérida, donde una mujer fue localizada sin vida tras un presunto ataque con arma blanca. La investigación se mantiene bajo el protocolo de feminicidio.
Protección real, no de papel
Asimismo, expresaron preocupación por el ataque armado registrado en el fraccionamiento Las Américas, donde una mujer recibió un disparo en la cabeza presuntamente por parte de su expareja sentimental.
De acuerdo con información difundida públicamente, el presunto agresor contaba con antecedentes y medidas de restricción, situación que generó cuestionamientos sobre la efectividad de las órdenes de protección y del seguimiento institucional a víctimas de violencia.
“Las medidas cautelares no pueden quedarse sólo en el papel cuando existen antecedentes de riesgo”, señalaron las organizaciones.
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Ante este panorama, las colectivas exigieron al Gobierno del Estado, a la Fiscalía General del Estado (FGE), a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Secretaría de las Mujeres implementar acciones coordinadas, permanentes y con perspectiva de género para atender la violencia contra las mujeres.
Entre las demandas planteadas destacan investigaciones diligentes, protección efectiva para mujeres con antecedentes de violencia, atención integral para víctimas directas e indirectas, fortalecimiento presupuestal de las instituciones encargadas de atender la violencia de género y estrategias comunitarias de prevención.
Garantía de justicia
Al posicionamiento se sumó también la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, que manifestó preocupación por los recientes hechos violentos y llamó a las autoridades a garantizar el acceso a la justicia, la protección de víctimas y el respeto irrestricto a los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes
El organismo recordó que el Estado tiene la obligación de actuar con debida diligencia en la prevención, investigación y sanción de la violencia de género, además de garantizar medidas de protección eficaces para evitar agresiones mayores.
Las organizaciones advirtieron que la percepción de Yucatán como un estado seguro no debe utilizarse para minimizar la violencia que enfrentan mujeres y niñas en distintos puntos de la entidad.
Finalmente, las colectivas y activistas afirmaron que continuarán acompañando a víctimas y familias, además de mantener la exigencia pública para que los casos no queden impunes ni se repitan.
