Detrás de los intentos de desconocer la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma del Carmen (SUTUNACAR) hay intereses relacionados con la modificación del contrato colectivo de trabajo, particularmente en la cláusula 49, que regula jubilaciones y pensiones, afirmó José Ramón Magaña Martínez, quien hasta hace unos meses era el secretario general de la organización. Señaló que, pese a las intenciones que emanan de la actual rectoría, seguirá defendiendo la legitimidad del proceso sindical realizado en julio pasado.
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El dirigente recordó que, tras los hechos de violencia ocurridos el 30 de mayo, donde se registraron golpes y privación de la libertad contra algunos trabajadores, la jornada electoral debió reponerse en un recinto alterno, luego de que la propia rectoría de la UNACAR negara las instalaciones.
“Se concluyó el proceso en instalaciones particulares, se levantó la documentación y se envió al Centro Federal de Registro Laboral, que conforme a la ley tiene hasta 20 días hábiles para emitir el dictamen. Hoy el trámite ya no se llama toma de nota, sino cambio de directiva, y será este organismo el que entregue el reconocimiento oficial. En estos momentos seguimos en espera de que nos sea otorgado”, explicó.
Magaña Martínez acusó que, pese a la claridad del proceso, un grupo opositor cercano a la rectoría ha buscado imponer un comité paralelo, realizando asambleas y modificando estatutos para deslegitimar la elección.
“Ellos están en su derecho de argumentar lo que quieran, pero hay leyes e instituciones que regulan. Lo que preocupa es que la UNACAR, hasta ahora, no ha dado respuesta a las denuncias de violencia ni ha aplicado el protocolo correspondiente, a pesar de que los trabajadores tuvieron que acudir a Derechos Humanos para exigirlo”, reprochó.
El líder sindical aseguró que el trasfondo de la disputa es la intención de la actual rectoría de la UNACAR de controlar la reforma al contrato colectivo y administrar a conveniencia los recursos federales y estatales destinados al rescate financiero de la institución, que hasta este momento está en grave crisis.
“Van tras la cláusula 49, que es la que garantiza las jubilaciones y pensiones. Esa es la verdadera intención, porque nosotros ya habíamos conformado una comisión y se avanzaba en un estudio actuarial con el gobierno federal y estatal, pero casualmente todo quedó en el olvido. Hace más de cinco meses que no hay reuniones, mientras tanto, más de 100 compañeros con derecho a jubilarse siguen esperando”, señaló.
Agregó que la estrategia de la rectoría sería colocar “dirigencias a modo” que acepten sin cuestionamientos los ajustes a los derechos laborales. “Lo que quieren es gente que diga sí a todo, para administrar los recursos a su antojo. Nosotros estamos peleando porque se respeten los derechos de los trabajadores, y eso incomoda”, denunció.
Magaña Martínez reiteró que el eje central de su dirigencia es la defensa del contrato colectivo y la exigencia de que la UNACAR cumpla con el protocolo de violencia laboral en favor de los trabajadores afectados, además de dar salida a las jubilaciones estancadas. “Al final no importa quién esté al frente del sindicato, lo que importa es que no se vulneren los derechos laborales, ese es el verdadero fondo del conflicto”, concluyó.
JGH
