Los ‘padrinos’ y ‘madrinas’ de los Centros de Atención a las Adicciones, mejor conocidos como ‘anexos’, han negado a personas internas que viven con VIH-SIDA el acceso a sus tratamientos antirretrovirales bajo el argumento de que parte de su recuperación implica no abandonar estos espacios durante el proceso de desintoxicación.
La situación fue confirmada por la titular de la Secretaría de Inclusión (SEIN) del Estado, Ana Alicia Mex Soberanis, quien reveló que al menos cinco personas internas en anexos solicitaron la intervención de la dependencia tras reportar que no se les permitía acudir a consultas médicas ni recibir sus medicamentos retrovirales.
Noticia Destacada
Locatarios claman arreglar techos y frenar robos en el mercado de Ciudad Concordia en Campeche
Explicó que, aunque la regulación de los anexos corresponde a la Secretaría de Salud (SSA), la SEIN da acompañamiento y capacitación a quienes administran estos espacios para sensibilizarlos sobre los derechos humanos de las personas que viven con VIH u otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
Recordó que hace tres semanas se realizó una jornada de capacitación dirigida a ‘padrinos’ y ‘madrinas’ de anexos, en la que se abordó específicamente el respeto a los derechos de personas en situación vulnerable. Durante esa actividad surgieron reportes sobre internos a quienes se les impedía continuar con sus tratamientos médicos. Señaló que en la jornada participaron alrededor de 20 personas entre hombres y mujeres, quienes recibieron información sobre los derechos de personas con VIH y otras ITS.
La funcionaria recordó que ninguna persona puede permanecer privada de su libertad en un centro de rehabilitación en contra de su voluntad, salvo que exista una resolución derivada de la comisión de un delito.
Noticia Destacada
Ciudad del Carmen: Violencia doméstica moviliza a policías en colonia Morelos
Reconoció que en los procesos de rehabilitación por adicciones existe la práctica de restringir salidas para evitar recaídas durante los primeros 21 días, 90 días o incluso periodos de hasta seis meses.
Aun así, aclaró que dichas medidas no pueden estar por encima del derecho a la salud. Por ello, indicó que la SEIN estableció mecanismos de coordinación con asociaciones civiles y autoridades sanitarias para acercar los medicamentos antirretrovirales a las personas internas sin afectar sus procesos de desintoxicación.
“Tenemos alrededor de cinco casos de personas ingresadas en algún anexo que tenían este faltante de medicamentos retrovirales”, señaló la secretaria, quien precisó que en todos los casos se buscó mediar con los responsables de los centros.
De acuerdo con la dependencia, solo uno de los afectados solicitó formalmente asesoría jurídica para analizar la posibilidad de presentar una denuncia. No obstante, la querella finalmente no fue interpuesta por los familiares, aunque sí se brindó acompañamiento legal.
La titular dijo que, pese a las resistencias iniciales, los responsables de anexos han mostrado disposición para modificar prácticas que vulneren derechos humanos.
