Un hombre acudió la tarde de este sábado a las instalaciones de la Fiscalía Regional de Justicia de Ciudad del Carmen para solicitar el apoyo de las autoridades, luego de asegurar que varias personas ajenas a su familia viajaban dentro de su vehículo y lo señalaban de presunto secuestro, situación que generó movilización policiaca en la colonia Tacubaya.
Los hechos ocurrieron en el edificio de la fiscalía ubicado sobre la calle 19 por 42-E y 42-D, hasta donde arribó el conductor de un automóvil color negro con placas locales para pedir la intervención de las corporaciones de seguridad.
De acuerdo con la versión del hombre, quien se identificó como propietario de una tienda de materiales en la villa de Isla Aguada, horas antes uno de sus trabajadores, a bordo de una de sus camionetas, habría atropellado a una mujer y a un menor de edad.
Según explicó, ambos lesionados únicamente presentaban golpes y raspones menores, por lo que aceptó hacerse responsable de la situación y ofreció trasladarlos a Ciudad del Carmen para que recibieran atención médica adecuada.
El empresario señaló que inicialmente accedió a apoyar con los gastos médicos; sin embargo, afirmó que al llegar a la clínica Chechén le presentaron una cuenta aproximada de 15 mil pesos, cantidad que dijo no poder cubrir debido a su situación económica actual.
Indicó además que intentó dialogar con los afectados para buscar otras alternativas médicas más accesibles y llegar a un acuerdo entre ambas partes, pero presuntamente no hubo entendimiento.
Según relató, cuando intentó retirarse del lugar a bordo de su vehículo, familiares de los lesionados subieron a la unidad contra su voluntad y comenzaron a acusarlo de intentar escapar y de llevarlos privados de su libertad, motivo por el cual decidió conducir directamente hasta la fiscalía para dejar constancia de que no existía ningún secuestro y que las personas habían abordado el automóvil por decisión propia.
Tras el reporte, agentes de la Dirección de Seguridad Pública arribaron al sitio para verificar la situación y dialogar con las personas involucradas.
Los oficiales exhortaron a los ocupantes ajenos al conductor a descender de la unidad, argumentando que se encontraban dentro de propiedad privada y que cualquier procedimiento legal debía realizarse ante el Ministerio Público.
Luego de varios minutos de discusión, las personas descendieron finalmente del vehículo y manifestaron su intención de proceder legalmente contra el propietario de la tienda de materiales, con el objetivo de exigir que se haga responsable de los gastos médicos y de las afectaciones derivadas del accidente.
Hasta el momento no se reportan personas detenidas y el caso quedó en manos de las autoridades ministeriales para el deslinde de responsabilidades.
