La intención de la Alcaldía de Campeche de establecer un convenio con la empresa prestamista Corporativo Financiero CR&A S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., para operar el programa ‘Emprende Rosa’, generó reacciones encontradas entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, cuyos coordinadores parlamentarios y representantes legislativos coincidieron en la necesidad de actuar con transparencia y revisar a fondo cualquier procedimiento que involucre recursos públicos.
La polémica surgió luego de que el regidor Ricardo Medina Farfán señalara que la institución financiera aparece en registros de la Condusef como entidad ‘no confiable’, lo que en sesión de Cabildo derivó en cuestionamientos sobre este acuerdo.
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El representante del Partido Acción Nacional (PAN), Jhosué Rodríguez Golib, reconoció que ningún ayuntamiento debe cerrarse a trabajar con empresas privadas. No obstante, subrayó que es indispensable revisar sus antecedentes y garantizar que beneficie y no genere afectaciones a la ciudadanía.
El legislador panista sostuvo que sería ‘demasiado grave’ que la autoridad municipal contrate o establezca relaciones con empresas señaladas por posibles operaciones ilícitas, por lo que llamó a revisar quiénes están detrás de la firma financiera y las razones por las cuales fue considerada para participar en el programa.
Por su parte, el coordinador parlamentario del PRI, Miguel Ángel Pool Alpuche, enfatizó que la principal obligación de cualquier autoridad es actuar con absoluta transparencia, pues cuando los procedimientos no se realizan de manera clara y abierta surgen sospechas y cuestionamientos públicos. Recomendó al Ayuntamiento informar de forma puntual sobre las características del convenio, los criterios utilizados para seleccionar a la financiera y los beneficios esperados para las mujeres emprendedoras.
Desde la bancada de Morena, el coordinador parlamentario Antonio Jiménez Gutiérrez admitió no contar con información sobre el caso, pero advirtió que cualquier proceso que represente beneficios particulares o genere dudas sobre el uso de recursos públicos debe ser investigado. Manifestó que, de confirmarse irregularidades o indicios de un posible beneficio indirecto para la autoridad municipal y no para la ciudadanía, el asunto tendría que analizarse antes de que el Cabildo lo someta a votación.
