Con 22 votos a favor de Morena, PT, PVEM, PAN e independientes, y 13 en contra de MC y PRI, el Congreso del Estado aprobó una iniciativa del Poder Ejecutivo para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados y Destino de Bienes Declarados Extintos y de Sanciones Económicas por Hechos de Corrupción para el Estado de Campeche, así como reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Penal del Estado.
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Durante la discusión, los diputados Paul Arce Ontiveros y Aldo Contreras Uc, ambos de MC, presentaron un voto particular en contra, que fue desechado con 20 votos en contra de Morena y sus aliados, frente a 15 votos a favor de MC, PRI e independientes.
Los legisladores argumentaron que, aunque la finalidad de la reforma es fortalecer la administración de los bienes asegurados, decomisados o declarados extintos y ampliar el destino social de los recursos obtenidos por su enajenación y por sanciones económicas derivadas de hechos de corrupción, el diseño normativo carece de controles suficientes para garantizar transparencia y rendición de cuentas.
Señalaron que la iniciativa concentra amplias facultades en el Poder Ejecutivo sin establecer criterios objetivos para la asignación de recursos, elimina la vinculación territorial para determinar el destino de los fondos recuperados, permite que éstos sustituyan recursos ordinarios del Presupuesto de Egresos y autoriza inversiones financieras sin fijar límites legales claros.
Asimismo, cuestionaron que no incorpora la obligación expresa de informar periódicamente al Congreso sobre la administración de esos recursos, lo que, afirmaron, debilita el control parlamentario y la fiscalización. También advirtieron que la reparación del daño derivada de actos de corrupción podría perder su carácter reparador al convertirse en una fuente general de financiamiento gubernamental, por lo que solicitaron devolver el proyecto a comisiones para subsanar dichas deficiencias. No obstante, la mayoría legislativa rechazó el voto particular y mantuvo intacto el dictamen.
En la misma sesión, el Pleno aprobó por unanimidad una iniciativa para adicionar el artículo 161 Bis a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado. La reforma establece la obligación de los ayuntamientos de garantizar el suministro continuo y suficiente de agua potable a la población y prevé que, en caso de incumplimiento, las autoridades municipales puedan ser sujetas a procedimientos administrativos sancionadores.
Finalmente, las y los diputados aprobaron exhortar al Ayuntamiento de Campeche a pavimentar diversas calles de la colonia 20 de Noviembre, con el propósito de mejorar la infraestructura urbana y las condiciones de movilidad para los habitantes de ese sector de la ciudad.
JGH
