Luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche confirmara la existencia de violaciones a un ambientalista durante la administración del exalcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, el integrante de la Comisión Anticorrupción del Poder Legislativo, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, exigió que las autoridades abran una carpeta de investigación para sancionar los actos indebidos.
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El diputado señaló que, independientemente del resolutivo emitido por la Codhecam, es necesario que las autoridades emprendan las indagatorias para determinar si existieron responsabilidades por la presunta detención arbitraria y el uso excesivo de la fuerza pública denunciados por la víctima.
Fernández del Valle sostuvo que cualquier actuación de las autoridades que vulnere los derechos de los ciudadanos resulta inaceptable, al recordar que los servidores públicos tienen la obligación de atender las manifestaciones y expresiones sociales con respeto, privilegiando el diálogo y el cumplimiento de la ley.
“Todo tema que tenga que ver con alguna arbitrariedad o alguna detención utilizando la fuerza pública es totalmente lamentable. No tiene por qué ocurrir en ningún aspecto ni con ninguna autoridad”, expresó el representante del Partido Verde Ecologista de México.
Lo anterior, debido a que la Codhecam, en el expediente Q-242-2025, señaló que los agentes municipales Luis Ángel Jiménez Sánchez y Alexis Hernández García, elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal de Carmen, incurrieron en actos de detención arbitraria, empleo arbitrario o abusivo de la fuerza por parte de autoridades policiacas y falsa acusación.
A la par, fue evidenciado que la jueza calificadora adscrita al Ayuntamiento de Carmen, Candelaria May May, incurrió en la imposición indebida de sanción administrativa, luego de que el ambientalista Dennis Pérez Reyes fuera remitido a las instancias judiciales.
El diputado consideró que la resolución de la Codhecam representa un paso importante; sin embargo, enfatizó que las recomendaciones por sí solas no concluyen el procedimiento, por lo que las autoridades involucradas deben colaborar con las instancias investigadoras para esclarecer los hechos y, en caso de acreditarse responsabilidades, proceder conforme a la ley.
Añadió que las investigaciones deben realizarse sin distinción de personas o cargos públicos, por lo que, de encontrarse elementos suficientes, Gutiérrez Lazarus y quienes resulten responsables deberán enfrentar las consecuencias legales que correspondan.
JGH
