Un grupo de legisladores estadounidenses solicitó activar un panel de arbitraje en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), argumentando que las políticas energéticas del Gobierno mexicano violan los compromisos comerciales al favorecer a las empresas estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los inversionistas extranjeros.
La iniciativa, denominada Ley de Cumplimiento del Comercio Energético Mexicano, fue presentada por el presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, el republicano Jodey Arrington, con el respaldo de los congresistas Carol Miller (republicana) y Henry Cuellar (demócrata).
De acuerdo con los legisladores, México habría incumplido los capítulos 2, 14 y 22 del T-MEC, que regulan el acceso a los mercados, la inversión extranjera y las operaciones de empresas estatales, respectivamente.
“México incumplió sus promesas comerciales”: Arrington
En un comunicado, Arrington acusó que el Gobierno de Joe Biden permitió que México “incumpliera sus promesas y diera trato preferencial a Pemex y CFE, excluyendo a la competencia estadounidense”.
“El presidente Trump logró compromisos sin precedentes para abrir los mercados energéticos mexicanos a la inversión estadounidense. Lamentablemente, el presidente Biden no cumplió con esos compromisos”, señaló el republicano.
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La propuesta busca otorgar a Donald Trump, en caso de volver a la Casa Blanca, el respaldo legislativo necesario para “defender a los productores de energía estadounidenses” y exigir el cumplimiento de los acuerdos comerciales firmados bajo su administración.
Tres acciones contra México bajo el T-MEC
El proyecto de ley plantea tres medidas concretas para responder a la política energética mexicana:
- Solicitar la instalación de un panel de resolución de controversias, conforme al artículo 31.6 del T-MEC.
- Iniciar una investigación con base en la Ley de Comercio de 1974, que permite aplicar sanciones comerciales.
- Condicionar la revisión del tratado en 2026, exigiendo que México garantice un acceso no discriminatorio a las compañías energéticas extranjeras.
Los congresistas afirmaron que las decisiones del Gobierno mexicano han afectado la competitividad de empresas estadounidenses que operan en territorio nacional, al restringir su participación en proyectos energéticos y otorgar mayores beneficios a las empresas del Estado.
La iniciativa refuerza la creciente presión política y comercial de Washington hacia México, en un contexto de revisión y tensiones por las políticas energéticas que han privilegiado la soberanía nacional y el control estatal del sector.
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