Durante meses, la respuesta de México ante las muertes de connacionales bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue la diplomacia. Notas de protesta, solicitudes de información, acompañamiento consular y llamados al respeto de los derechos humanos seguían una lógica diplomática. Sin embargo, cuando las cifras comenzaron a crecer y las respuestas de Washington siguieron siendo insuficientes, el Gobierno mexicano decidió dar un paso que podría marcar un antes y un después en la defensa de sus ciudadanos en el extranjero.
En la conferencia matutina de esta semana, conocida como “la mañanera del pueblo” el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, dio a conocer un dato que estremece: 18 mexicanos han fallecido en hechos relacionados con el ICE; 14 murieron mientras permanecían bajo custodia en centros de detención y tres más durante operativos migratorios, también del ICE.
Detrás de esa cifra no hay estadísticas frías. Hay padres, hijos, esposos y hermanos que siguen esperando una explicación convincente sobre cómo una persona que fue detenida por una falta administrativa terminó perdiendo la vida bajo la responsabilidad del Estado más poderoso del mundo.
La pregunta es inevitable: ¿quién responde cuando una persona muere bajo custodia de una autoridad?
La respuesta del Gobierno mexicano fue clara. La diplomacia ya no basta. Así que la nueva estrategia incluye promover investigaciones penales ante fiscalías estadounidenses cuando existan indicios de responsabilidad. También va por impulsar demandas civiles contra las empresas privadas que administran centros de detención migratoria, así como fortalecer la asistencia jurídica para las familias de las víctimas y acudir a instancias internacionales cuando sea necesario.
No se trata únicamente de protestar. Ya es tiempo de litigar y actuar.
Y esa diferencia es enorme.
México siempre ha defendido a sus connacionales en el exterior, pero pocas veces había decidido utilizar con tanta claridad las herramientas jurídicas disponibles.
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La protección consular no nació con el actual gobierno, pero en los últimos años se ha ido fortaleciendo tanto la red consular como los programas de asistencia legal. Y habían privilegiado la negociación diplomática.
Hoy el enfoque parece distinto.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum plantea que cuando existen posibles violaciones graves a los derechos humanos ya no basta con enviar notas diplomáticas: corresponde activar todos los mecanismos legales disponibles.
Es, probablemente, el cambio más importante en materia de protección consular en varias décadas.
Más allá de la política migratoria, Nadie discute que Estados Unidos tiene el derecho soberano de controlar sus fronteras y aplicar sus leyes migratorias. Por tanto, lo que está en discusión no es la facultad de detener migrantes, sino la obligación de garantizar que quienes quedan bajo custodia del Estado conserven intactos sus derechos fundamentales. Y es que una democracia no se mide únicamente por la eficacia con la que detiene personas. También se mide por la forma en que las trata mientras permanecen bajo su responsabilidad.
El derecho a la vida, a recibir atención médica oportuna, a la integridad física y al debido proceso no desaparecen al cruzar una frontera ni al ingresar a un centro de detención.
Y mucho menos cuando la falta cometida es de carácter administrativo y no penal.
Las empresas privadas también deberán responder.
Uno de los elementos más relevantes dados a conocer por la Cancillería es que una parte importante de las muertes ocurrió en centros administrados por empresas privadas contratadas por el gobierno estadounidense.
Ese dato cambia el escenario.
Ya no sólo se trata de determinar si hubo responsabilidad de agentes migratorios.
También será necesario establecer si las compañías encargadas de operar esos centros incumplieron protocolos médicos, de seguridad o de supervisión.
Así las cosas, las demandas civiles anunciadas por México podrían abrir un precedente importante.
Si las empresas enfrentan sanciones económicas o responsabilidades judiciales, tendrán mayores incentivos para mejorar las condiciones de internamiento y evitar nuevas tragedias.
Quienes respaldan la nueva estrategia consideran que el Estado mexicano está cumpliendo con una obligación elemental que es la de proteger a sus ciudadanos dondequiera que se encuentren.
Sostienen que cuando un mexicano fallece bajo custodia extranjera no basta con lamentar los hechos.
Debe investigarse si existió negligencia médica, uso excesivo de la fuerza, omisiones o violaciones a los derechos humanos.
Además, recuerdan que diversos organismos internacionales y organizaciones civiles han documentado desde hace años problemas de hacinamiento, deficiencias médicas y condiciones precarias en algunos centros de detención migratoria estadounidenses.
Desde esta perspectiva, acudir a los tribunales representa un paso lógico y necesario después de que la vía diplomática no produjo resultados suficientes.
La estrategia gubernamental también enfrenta cuestionamientos.
Especialistas en derecho internacional advierten que las investigaciones dependerán finalmente de las propias autoridades estadounidenses y que las posibilidades de obtener condenas penales podrían ser limitadas.
Otros consideran que judicializar el conflicto podría tensar aún más una relación bilateral ya complicada por las diferencias comerciales, arancelarias, de seguridad y migración.
Existe además una crítica que México no puede ignorar.
Diversas organizaciones recuerdan que nuestro país también ha enfrentado severos cuestionamientos internacionales por tragedias ocurridas dentro de su propio sistema migratorio.
La estrategia anunciada por México tampoco pasa inadvertida en la región.
Brasil, Colombia, Guatemala y El Salvador han reforzado en los últimos años la protección consular de sus ciudadanos en Estados Unidos.
Sin embargo, pocos gobiernos han anunciado una ofensiva jurídica tan amplia como la presentada ahora por la Cancillería mexicana.
Si prospera, podría convertirse en un precedente para otros países latinoamericanos cuyos ciudadanos también enfrentan condiciones similares dentro del sistema migratorio estadounidense.
Existe una idea equivocada según la cual la soberanía termina donde concluyen las fronteras. No es así. La soberanía también se ejerce cuando un Estado protege la vida, la dignidad y los derechos de sus ciudadanos más allá de su territorio.
Un país demuestra la fortaleza de sus instituciones no sólo cuando hace valer sus leyes dentro de sus fronteras, sino cuando acompaña y defiende a quienes, por necesidad, tuvieron que emigrar.
Donald Trump ha construido buena parte de su proyecto político sobre la promesa de endurecer la política migratoria.
Incluso la política migratoria más estricta encuentra un límite que ninguna democracia debería cruzar: el respeto a la vida humana.
Ninguna frontera justifica una muerte por negligencia.
Ningún centro de detención puede convertirse en un espacio donde desaparezcan los derechos fundamentales.
Quizá las demandas impulsadas por México enfrenten obstáculos.
Quizá algunas no prosperen.
Pero existe algo mucho más peligroso que perder un litigio y es acostumbrarse a las muertes o normalizar que los connacionales fallezcan bajo custodia extranjera. Esto equivaldría a normalizar la impunidad.
Y un Estado que normaliza la impunidad termina enviando el mensaje de que la vida de algunos ciudadanos vale menos que la de otros.
La historia dirá si esta nueva ofensiva jurídica consigue sentar responsables o si termina archivada entre expedientes judiciales.
Lo verdaderamente trascendente es que, por primera vez en mucho tiempo, México decidió que la muerte de sus ciudadanos no puede responderse únicamente con comunicados diplomáticos.
Porque cuando un país deja de defender a sus ciudadanos fuera de sus fronteras, también comienza a debilitar su propia soberanía.
Y precisamente por eso, hoy más que nunca, llegó la hora de actuar.
