Durante décadas, una parte importante de la discusión sobre la pobreza en México giró alrededor de una pregunta: ¿cómo conseguir que quienes nacían pobres dejaran de serlo? Cuando llegué a este país hace 30 años la cifra de pobreza rebasaba los 60 millones de personas.
Ahora parece haber surgido otra pregunta: ¿qué pasa cuando los hijos comienzan a vivir mejor que sus padres?
La pregunta parecería absurda si no resumiera una discusión política que está ocurriendo en México.
El lunes pasado la presidenta Claudia Sheinbaum respondió desde Palacio Nacional a las críticas contra los programas sociales y, particularmente, a un argumento atribuido a la analista María Amparo Casar: que el hecho de que los hijos lleguen a tener mayores ingresos que sus padres podría afectar la cohesión de las familias.
Sheinbaum lo calificó de “absurdo” y “ridículo”. Coincido con ella. Pero detrás del intercambio existe una discusión bastante más importante que la polémica de una mañana: México está decidiendo qué papel debe desempeñar el Estado frente a la desigualdad.
Esto es importante. Al terminar 2026, 42 millones 860 mil 296 mexicanos recibirán alguno de los Programas para el Bienestar. El Gobierno federal destinará a ellos más de un billón de pesos durante el año. Son casi 43 millones de personas. No todas son pobres.
Y esa distinción es fundamental. Porque uno de los cambios introducidos desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y continuados por Claudia Sheinbaum fue precisamente abandonar, en algunos de los principales programas, la idea de que el Estado debía comprobar primero la pobreza del ciudadano antes de reconocerle determinados derechos.
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La pensión para adultos mayores es quizá el ejemplo más claro. Actualmente la reciben 13 millones 788 mil personas mayores de 65 años, con 6 mil 400 pesos bimestrales. Otras 2 millones 873 mil mujeres de entre 60 y 64 años reciben la Pensión Mujeres Bienestar y alrededor de dos millones de personas con discapacidad cuentan con un apoyo permanente.
Ahí comienza una de las grandes diferencias ideológicas que atraviesan al México contemporáneo. Para el gobierno de Sheinbaum son derechos. Para una parte de sus adversarios son un gasto excesivo, lo llaman asistencialismo o una forma de crear dependencia del Estado.
El expresidente Vicente Fox, por ejemplo, lo expresó con una crudeza difícil de interpretar de otra manera. Hace apenas unos meses cuestionó la universalidad de los programas y sostuvo que el dinero público destinado a ellos “se está yendo al caño”. Su argumento fue que los recursos deberían entregarse solamente a quien los necesite.
La discusión es legítima.
Un país tiene derecho a preguntarse cuánto puede gastar, cómo debe financiar sus políticas sociales, si los programas están correctamente focalizados y, sobre todo, si producen resultados.
Lo que resulta mucho más difícil es sostener que el dinero simplemente desaparece.
Porque existen datos.
Y no son datos de Morena.
Son del INEGI.
En su medición de pobreza multidimensional correspondiente a 2024, el instituto realizó un ejercicio particularmente revelador: calculó qué habría sucedido con la pobreza si se eliminaran del ingreso de los hogares las transferencias provenientes de programas sociales. El resultado permite medir el tamaño de la diferencia. Con las transferencias, 9.3 por ciento de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza extrema por ingresos. Sin ellas habría sido 12.8 por ciento. La diferencia equivale a aproximadamente 4.6 millones de personas, que no son meros números.
En la línea de pobreza por ingresos el efecto también fue considerable: con las transferencias, 35.4 por ciento de la población estaba por debajo de ella; sin esos recursos habría sido 39.7 por ciento, revela INEGI.
Los programas sociales, por supuesto, no explican por sí solos la reducción de la pobreza. Sería igualmente equivocado afirmarlo. Hay otras razones que han ayudado a transformar el ingreso de millones de hogares entre ellas el incremento del salario mínimo, el comportamiento del empleo, las remesas, los ingresos laborales y otras políticas públicas.
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Pero los datos oficiales demuestran algo difícil de negar: las transferencias sí modifican las condiciones materiales de millones de personas. Ese es el punto que parece desaparecer cuando la discusión se reduce a si el Gobierno está “regalando dinero”. No se trata solamente de cuánto recibe una persona. Se trata de lo que representa ese ingreso dentro de un hogar.
Sheinbaum lo explicó este lunes de una manera mucho menos académica: “para algunos mexicanos, esos recursos pueden representar la diferencia entre comer y no comer”.
Y después respondió al argumento sobre los jóvenes.
“Si un padre no fue a la universidad y el hijo logra ir a la universidad, pues el objetivo es que pueda haber mayor ingreso, porque tienen más educación”, señaló.
La presidenta llevó el razonamiento hasta su consecuencia lógica: ¿sería preferible entonces que los hijos no estudiaran para evitar que algún día ganaran más que sus padres? Y Ahí está probablemente el punto más interesante de toda la controversia.
Durante generaciones, la aspiración de millones de familias mexicanas fue precisamente esa: que los hijos llegaran más lejos que los padres, que aprendieran más, que ganaran más, que no heredaran la pobreza. Eso tiene un nombre: movilidad social. Y difícilmente puede considerarse una amenaza para la familia.
Ahora bien, no cerremos ojos. México envejece.
La propia Sheinbaum reconoció este lunes que la cobertura de algunos programas necesariamente cambiará durante los próximos años. Mientras determinadas becas podrían disminuir porque las nuevas generaciones tienen menos niñas y niños, la pensión de adultos mayores continuará creciendo porque cada vez más mexicanos llegan a los 65 años y viven durante más tiempo.
Eso significa que el país tendrá que discutir no solamente la justicia de sus programas sociales sino también su sostenibilidad.
¿Cuánto costarán dentro de diez años?
¿Cómo financiar un sistema de transferencias creciente en una sociedad que envejece?
¿Qué proporción del presupuesto puede destinarse a pensiones sin sacrificar salud, educación, infraestructura o inversión?
Esas son preguntas indispensables.
Y ahí debería concentrarse una oposición moderna y actualizada, en lugar de preguntarse si entregar una pensión destruye una familia o en lugar de sugerir que ayudar a un joven necesariamente lo vuelve improductivo. O en lugar de considerar un desperdicio todo recurso público que termina directamente en el bolsillo de un ciudadano.
Porque Jóvenes Construyendo el Futuro tampoco consiste, como recordó Sheinbaum, en pagarles a los jóvenes para que “no trabajen ni estudien”. El programa vincula durante un año a jóvenes con centros de trabajo donde reciben capacitación y un apoyo equivalente al salario mínimo, con la intención de facilitar posteriormente su incorporación al mercado laboral.
Tal vez pueda exigirse mayor evaluación, pero primero hay que discutir sobre lo que los programas realmente son.
El debate político mexicano tiene una extraña tendencia a convertir cualquier política pública en una prueba de identidad partidista. Si Morena la propone, sus seguidores deben defenderla entera y sus adversarios parecen obligados a demostrar que todo está mal.
La evidencia disponible demuestra que las transferencias públicas están evitando que millones de mexicanos tengan ingresos inferiores a las líneas de pobreza. Y No es una opinión de Claudia Sheinbaum. Es una medición del INEGI.
Quizá ahí se encuentre el verdadero cambio que algunos todavía no terminan de comprender.
Durante mucho tiempo México discutió cómo administrar la pobreza. Ahora empieza a discutir cuánto cuesta reducirla. Y ésa, aunque incomode a algunos, es una discusión bastante mejor.
