Durante años, Yucatán fue la excepción. Mientras el resto del país contaba sus muertos y sus extorsionados, la península se presentaba ante inversionistas nacionales y extranjeros como el oasis de la seguridad mexicana. Las estadísticas lo respaldaban: desde 2015, las víctimas de extorsión en la entidad se contaban con los dedos de una mano. Algunos trimestres registraban cero denuncias. Era, en el vocabulario de los organismos empresariales, el penúltimo lugar en el delito de extorsión. Un lugar que nadie quería perder. Ese escudo ya está amenazado.
En el 2025, Yucatán registró un incremento de 100 por ciento en la variación anual de víctimas de extorsión, según el Monitor de Seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El dato lo colocó entre los seis estados con los aumentos más dramáticos del país, en una lista encabezada por Tlaxcala (1,300%), Chiapas (364.3%) y Ciudad de México (264.4%). Y el primer trimestre del 2026 confirmó la tendencia: Yucatán apareció de nuevo en el grupo de entidades con mayor variación anual, junto a Chihuahua, Zacatecas y Tabasco.
El país que extorsiona: 32 víctimas al día
Para entender lo que le ocurre a Yucatán, hay que ver primero el mapa completo. En el primer trimestre del 2026, México registró 2 mil 915 víctimas de extorsión según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp): un promedio de 32.4 personas al día, más de una por hora. Aunque esa cifra representa una reducción marginal de 3.73 por ciento respecto al mismo período del 2025, la Coparmex la califica como el segundo nivel más alto de víctimas en 11 años. Es decir: el delito no cede; apenas parpadea.
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Pero el número verdadero es devastadoramente mayor. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estima que el 97 por ciento de las extorsiones no se denuncian o no concluyen en una carpeta de investigación. Eso significa que las casi 3 mil víctimas oficiales del trimestre representan apenas el tres por ciento de lo que realmente ocurre en el país. El universo real supera las 97 mil víctimas en solo tres meses.
En términos económicos, el costo es brutal: 15 mil millones de pesos anuales, según estimaciones del Inegi. Una cantidad equivalente al 0.04 por ciento del Producto Interno Bruto nacional. “Este es el impuesto más alto que pagan las empresas hoy”, declaró Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex, al presentar el Monitor de Seguridad.
La extorsión en México tiene además una firma que debería alarmar a cualquier ciudadano: el 31.2 por ciento de los cobros reportados por empresarios socios de Coparmex fue realizado por autoridades o personas que simulaban serlo. Es decir, casi uno de cada tres extorsionadores porta o finge portar un uniforme.
El giro de 180 grados de la entidad
Hasta hace poco, el presidente de Coparmex Mérida, Emilio Blanco del Villar, podía decir con orgullo que “según los datos con los que contamos, sólo el 9% de nuestros asociados han sido víctimas de extorsión o cobro de piso, pero no en Yucatán, sino en otros estados y ciudades donde tienen presencia”. Era marzo del 2025. El dato era un motivo de alivio, casi de celebración.
Ocho meses después, ese mismo organismo ya no podía mirar hacia otro lado. Al cierre del 2025, la extorsión en Yucatán se había duplicado en términos de variación anual. Y en el 2026, la entidad figura de nuevo en los reportes nacionales como una de las que más crecen en el delito.
¿Qué cambió? Los datos apuntan a varios factores convergentes.
El primero es la presión del crimen organizado sobre el sureste. En febrero del 2026, operativos de fuerzas federales en el oriente de Yucatán descubrieron propiedades utilizadas presuntamente como puntos de operación de células vinculadas a La Familia Michoacana, un grupo criminal que, entre sus actividades, practica la extorsión sistemática a comercios y empresas. Los cateos en municipios como Buctzotz encontraron drogas e indicios balísticos. El antecedente ya estaba en la carpeta de las autoridades.
El segundo factor es la extorsión telefónica, que no reconoce fronteras geográficas. Los llamados provienen de otras ciudades –con frecuencia, de centros penitenciarios donde los internos operan con celulares decomisados que vuelven a aparecer entre sus colchones– y llegan a empresarios yucatecos con datos precisos: nombre del propietario, dirección del negocio, nombre de familiares. Fuentes de la unidad antiextorsión de la SSP revelaron que en un período reciente más de 400 empresarios meridanos habían recibido llamadas de extorsión, la mayoría entre restaurantes, bares, cantinas y estéticas, y que al menos 40 negocios habían cedido y pagado, entregando en promedio 30 mil pesos.
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La respuesta institucional se mueve
El 20 de enero del 2026, el Diario Oficial del Gobierno de Yucatán publicó el Decreto 161/2026, por el que se reformó el Código Penal estatal en materia de extorsión, alineándolo con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que es reglamentaria del artículo 73 constitucional. El decreto creó, además, una Unidad Administrativa Especializada en Extorsión dentro de la Fiscalía General del Estado, con un plazo de 120 días para entrar en funciones.
Es una señal positiva. Pero los plazos legislativos rara vez avanzan al ritmo en que crecen los delitos.
Hay un dato que define mejor que cualquier otro la naturaleza de este delito: el 97 por ciento de los casos no se denuncia. En Yucatán, esa cifra puede ser menor –los empresarios locales describen una cultura de la denuncia más arraigada y una mayor confianza en las autoridades–, pero la tendencia nacional pesa.
Los costos más elevados
Detrás de los números hay negocios que cambian su rutina, propietarios que no abren si no han recibido “confirmación” de la semana, empresarios que pagan sin denunciar porque calculan que el costo de la denuncia supera el costo de la extorsión. Es la economía del miedo, y en Yucatán está llegando.
El estado que en el 2024 no registraba ninguna víctima de extorsión en los datos oficiales –era mencionado en los reportes de Coparmex junto a Tlaxcala y Chihuahua como los únicos sin casos– hoy aparece en los titulares nacionales como uno de los que más crecen en el delito. El salto es estadísticamente pequeño en términos absolutos, pero la dirección es inequívoca: hacia arriba.
La experiencia nacional sugiere que, cuando la extorsión se normaliza –cuando los comerciantes empiezan a ver el cobro de piso como “un costo más” del negocio– erradicarla se vuelve exponencialmente más difícil.
Por ahora, Yucatán todavía tiene la ventaja de ir detrás de esa tendencia. La pregunta es si la aprovechará.
