De acuerdo con las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (Epacol) 2026, publicadas ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Quintana Roo se ubicó entre las entidades con mayor incidencia del país al registrar una tasa de 327 adolescentes imputados por cada 100 mil jóvenes, cifra superior al promedio nacional de 259. Con ello, la entidad se colocó entre los 10 estados con los índices más altos, solo por debajo de Aguascalientes, Nuevo León, Sonora y Ciudad de México.
El estudio también reveló que ocho de cada 10 adolescentes imputados son hombres, una tendencia que se ha mantenido en los últimos años. En cuanto a los ilícitos, las lesiones se consolidaron por tercer año consecutivo como el delito más frecuente entre este sector de la población, desplazando al robo, que había ocupado el primer lugar en años anteriores. Después se ubicaron las amenazas, el abuso sexual y narcomenudeo entre las principales conductas investigadas.
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Asimismo, mil 562 adolescentes ingresaron a centros de internamiento, lo que representó un incremento de 3.6 por ciento respecto al año anterior. Quintana Roo concentró el 2.6 por ciento de esos ingresos a nivel nacional, ubicándose a media tabla entre las entidades del país.
Estos resultados representan un llamado de atención para Quintana Roo, donde el crecimiento poblacional, la violencia y el aumento de los delitos patrimoniales y contra las personas han incrementado los desafíos para las autoridades encargadas de la prevención y la procuración de justicia.
El hecho de que la entidad se encuentre por encima de la media nacional en adolescentes imputados refuerza la necesidad de fortalecer los programas preventivos, la atención a jóvenes en situación de riesgo y las estrategias para impedir su incorporación a actividades ilícitas. También se solicitó al personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) información sobre adolescentes imputados en carpetas de investigación iniciadas durante este año; sin embargo, hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.
En lo que va del 2026, las estadísticas semanales de la FGE reportan vinculaciones a proceso por homicidio calificado. Por ejemplo, en una semana de junio se registraron tres casos y en otra dos, mientras que en periodos anteriores la cifra osciló entre uno y tres. Apenas la semana pasada otro menor de edad fue detenido.
Entre los casos de mayor impacto destaca el ocurrido en febrero, cuando las autoridades capturaron a cuatro personas relacionadas con el homicidio doloso de un elemento policiaco en Felipe Carrillo Puerto, entre ellas varios menores de edad que fueron puestos a disposición del Ministerio Público especializado en adolescentes.
En junio también fueron procesados tres presuntos sicarios juveniles por el homicidio de un adolescente en Cancún, correspondiente a hechos ocurridos en el 2025, investigación en la que hasta ese momento sumaban cinco personas vinculadas.
Otros operativos reportaron capturas individuales y grupales por homicidio calificado, en las que se investigan posibles implicaciones de menores de edad; sin embargo, no existen cifras públicas acumuladas sobre este sector.
Resultados relevantes
Además, diversas acciones, como las realizados contra las denominadas “rodadas” de motociclistas en Cancún, dejaron resultados relevantes. En abril fueron asegurados alrededor de 49 menores de edad en un solo evento y, en junio, otra acción similar concluyó con al menos 33 adolescentes retenidos, además del aseguramiento de decenas de motocicletas. Estos hechos evidencian problemas relacionados con la participación juvenil en actividades que alteran el orden público y, en algunos casos, se vinculan con delitos como narcomenudeo o robo.
La Fiscalía General del Estado también ha informado sobre detenciones relacionadas con corrupción de menores, violación, abuso sexual y trata de personas, en las que adolescentes figuran tanto como víctimas rescatadas como, en menor medida, involucrados. Entre los ejemplos destacan operativos efectuados en Benito Juárez y Tulum contra redes de explotación sexual, así como procesos por homicidio calificado y delitos contra la salud en los que jóvenes fueron señalados.
Esta tendencia refleja desafíos persistentes en destinos turísticos como Cancún y Playa del Carmen, donde la cercanía con actividades relacionadas con el narcomenudeo, la trata de personas y la violencia familiar influye en la incidencia delictiva juvenil. Las autoridades han privilegiado medidas socioeducativas contempladas en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA), priorizando la reintegración sobre las sanciones punitivas, al tiempo que analizan medidas dirigidas a padres de familia y fortalecen los operativos preventivos. No obstante, la falta de estadísticas consolidadas dificulta una evaluación integral del fenómeno durante el primer semestre del año.
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El informe del Inegi también señala que el número de adolescentes imputados por la presunta comisión de un delito volvió a aumentar en México al alcanzar 35 mil 193 casos, lo que representó un incremento de 7.1 por ciento respecto al año anterior.
El reporte documentó además que se registraron 27 mil 912 víctimas relacionadas con carpetas de investigación en materia de justicia para adolescentes, de las cuales seis de cada 10 fueron mujeres. La mayor proporción de víctimas femeninas correspondió al grupo de entre 10 y 19 años. En cuanto a las sanciones, al cierre del 2025 había 4 mil 95 adolescentes cumpliendo alguna medida impuesta por la autoridad; de ellos, 64.3 por ciento estaba sujeto a medidas no privativas de la libertad y 35.7 por ciento permanecía bajo internamiento u otra restricción.
