Víctimas de delitos cometidos contra mujeres realizaron una manifestación en la entrada de Playa Delfines, en la zona hotelera, en protesta por la falta de atención de las autoridades, irregularidades y simulación en sus casos, con lo que dijeron que no han obtenido justicia.
El movimiento fue encabezado por la asociación civil Madres Buscadoras y Colectivo Femenil Xtabay Quintana Roo, para respaldar a varias mujeres que han enfrentado largos procesos y revictimización para tratar de que la Fiscalía General del Estado, jueces del Tribunal Superior de Justicia y magistrados federales realicen correctamente su trabajo para aplicar las sanciones a sus agresores.
La presidenta de Madres Buscadoras, María Patrón Pat señaló que continúan las negligencias y omisiones de las autoridades, las cuales no están haciendo nada para buscar a sus familiares desaparecidos y señaló también a jueces federales por amparos que están otorgando a las personas imputadas.
Las manifestantes acudieron a la Playa Delfines en el transcurso de la mañana, para exponer los casos de varias víctimas del colectivo Xtabay, quienes llegaron de la ciudad de Chetumal, para revisar el avance de sus expedientes.
La abogada y representante del colectivo Xtabay, Ariadne Song reveló que los jueces federales o de Distrito, están otorgando amparos por las irregularidades cometidas en los procedimientos de los “jueces del bienestar” del Poder Judicial de Quintana Roo.
En uno de los casos, mencionó que están apoyando a la abuela de una niña que sufrió una violación y una juez de Distrito concedió el amparo a una persona que se encuentra vinculada a proceso por esta acusación, dejando sin efecto la orden de aprehensión.
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De esta manera, la autoridad federal ordenó la reposición de la audiencia privada, para que el Fiscal del Ministerio Público solicité una nueva orden de aprehensión, lo que conlleva a la revictimización de los familiares y de la menor, porque un año después de un proceso, se dan cuenta que la orden inicial no estaba debidamente fundamentada.
Violencia Digital
Por otra parte, Ariadne Song realizó una denuncia pública en el caso que anunció con “bombo y platillo” la Fiscalía General del Estado (FGE), en lo que fue la segunda sentencia por violencia digital en Quintana Roo, debido a que se trató de una penalidad mínima de cuatro años y 10 meses, sin que la responsable tenga que pisar la prisión, en lo que consideró una “sentencia de juguete”.
En el mes de septiembre de 2020, la violencia digital fue considerada como delito en Quintana Roo y a 6 años, solo son dos sentencias obtenidas por este motivo.
Aunque la Fiscalía General del Estado obtuvo la segunda condena por violencia digital, este veredicto todavía no ha quedo firme, porque la sentenciada ha promovido varios recursos legales, para la conmutación de la pena y con esto, no tendrá que pisar la cárcel.
“Hoy estoy luchando para que la tercera instancia, me ratifique esta sentencia, que no me beneficie, pero al menos quiero que esa sentencia quede firme, que mi agresora cumpla su condena, se haga cargo y responsable, aunque va a estar en libertad. Pido que se rectifique en la tercera instancia, que dejen de hacer cansado este proceso”, expresó Arely, la agraviada en este caso.
Violación
Otro caso que fue expuesto en esta manifestación implica a un servidor público del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEA) en Chetumal, quien es acusado de cometer el delito de violación, pero que hasta el momento han negado el inicio del proceso penal.
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La abogada Ariadne Song señaló que es lamentable que las víctimas tengan que vulnerar su intimidad, para poder exigir justicia y denuncia las irregularidades, sin recibir la ayuda de la Comisión Ejecutiva de Atención a Vícitmas del Estado de Quintana Roo ni de la Secretaría para las Mujeres.
Wendy, quien es la agraviada, recordó que presentó su denuncia en octubre de 2025 y tres días después, el abogado de la CEAVEQROO ya se había puesto en contacto con el acusado y le propuso aceptar 20 mil pesos para que no siguiera con la denuncia.
Hasta el momento en dos ocasiones, los jueces han decretado la no vinculación a proceso contra el imputado y con una apelación, la víctima consiguió que se realice una reposición de la audiencia para un nuevo veredicto, pero pretenden realizar esta diligencia mediante videollamada, por lo cual están exigiendo que sea presencial, para resguardar la seguridad de la agraviada.
