Magistrados federales reactivaron la disputa legal por la construcción de la casa militar de descanso en Bacalar al admitir un nuevo recurso de revisión promovido por niñas y niños de esa localidad en defensa de su derecho a un medio ambiente sano, determinación confirmada mediante el acuerdo judicial emitido dentro del expediente 313/2025 de amparo indirecto.
La resolución establece que el recurso interpuesto contra el retiro de la suspensión, que había frenado temporalmente las obras, fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, instancia que ahora deberá analizar la legalidad de la decisión que permitió reanudar los trabajos.
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De acuerdo con el documento, el juzgado tomó conocimiento de la boleta remitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del circuito, en la que se formaliza la admisión del medio de impugnación y su asignación al órgano colegiado para los efectos legales correspondientes.
El acto reclamado en este juicio de amparo es la autorización en materia de impacto ambiental otorgada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la edificación de la denominada casa militar de descanso a la orilla de la laguna de Bacalar, cuerpo de agua conocido como la “laguna de los siete colores”.
Las personas menores de edad que promovieron el recurso son representadas por el Instituto Federal de la Defensoría Pública, institución que presentó el amparo a su nombre a inicios del año pasado en contra de la resolución emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dependencia responsable de autorizar el proyecto.
Luego de que en noviembre de 2025 quedaran sin efectos las suspensiones definitivas que mantenían detenida la obra, la Sedena reanudó las labores de construcción en el predio ubicado junto al sistema lagunar, situación que motivó la nueva impugnación ahora admitida por los magistrados federales.
El tribunal colegiado deberá determinar si fue legal la decisión de la jueza federal que retiró la medida cautelar que impedía continuar con los trabajos.
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Hasta el momento no se definió el sentido de la resolución, por lo que el análisis del caso podría prolongarse durante varios meses.
Este procedimiento se suma a otros dos recursos legales promovidos contra el mismo proyecto. Uno de ellos fue retirado por los promoventes, mientras que el otro continúa en trámite y fue interpuesto por la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).
La admisión del nuevo recurso no implica una suspensión automática de las obras, sino el inicio de la revisión judicial sobre la legalidad del levantamiento de la medida cautelar que anteriormente había detenido la construcción.
El expediente permanecerá en estudio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, órgano que deberá emitir una resolución sobre el recurso de revisión y con ello definir si se restituye o no la protección judicial que impedía la ejecución del proyecto en la zona federal de la laguna de Bacalar.
